En sus 51 años de historia terrorista, ETA ha asesinato a 858 personas. Su primera víctima fue la niña Begoña Urroz, fallecida en una explosión en San Sebastián el 27 de junio de 1960. La última, el policía francés Jean-Serge Nerin, muerto en un tiroteo con miembros de la banda ocurrido el 16 de marzo de 2010.
Entre ambas fechas, ETA -que hoy ha anunciado el "cese definitivo de la actividad armada"- ha asesinado a militares, guardias civiles, policías, políticos, jueces y fiscales y centenares de personas de a pie, en una espiral terrorista de medio siglo, en la que la banda ha segado la vida de personas de toda edad y condición.
ETA comenzó su actividad criminal en plena dictadura, años en los que cometió el que quizá fue su atentado de mayor repercusión, perpetrado el 20 de diciembre de 1973 en pleno centro de Madrid y en el que perdió la vida el entonces presidente del Gobierno y mano derecha de Franco, el almirante Luis Carrero Blanco.
La muerte del dictador en noviembre de 1975 y la llegada de la democracia no detuvo la actividad terrorista, con una treintena de asesinatos en los dos años siguientes.
Tampoco paró el tiro en la nuca la amnistía general decretada por el Gobierno en octubre de 1977, por la que salieron de la cárcel decenas de presos etarras, muchos de los cuales se reincorporaron de nuevo a las filas de la banda.
No obstante, los verdaderos "años de plomo", con atentados casi a diario, no llegaron hasta la década siguiente. El año 1980 fue el más sangriento, con 98 asesinatos a manos de ETA, escalada terrorista que se mantuvo con altibajos durante la siguiente década hasta 1991, en el que la banda segó la vida de 45 personas.
Desde entonces, las estadísticas del terror presentan una línea descendente, con cuatro años en blanco -1999, 2004, 2005 y 2011- y que coinciden con una época muy dura para la banda, con detenciones sucesivas de su cúpula y una actividad terrorista en declive.
El perfil de la víctima mortal de ETA también ha ido cambiando a lo largo de los años. En la medida en que la organización terrorista comenzó, a partir de los 80, a cometer atentados indiscriminados con el uso masivo de coches-bomba, el patrón de la víctima pasó a ser bastante heterogéneo, frente a las primeras épocas, en que la mayoría de los asesinados eran miembros de las Fuerzas de Seguridad o militares.
Buena prueba de que todos los ciudadanos han sido víctimas potenciales de la banda es que un 42,1 por ciento del total de asesinados -361 personas- eran civiles.
Según las estadísticas recogidas en el libro "Vidas Rotas", el segundo colectivo más golpeado por ETA es el de guardias civiles, con 209 muertos -23 por ciento del total-, seguido de la Policía Nacional, con 149 asesinados y los miembros de las Fuerzas Armadas, con 82 fallecidos.
La clase política y, en especial cargos electos del PSOE y del PP también han sido duramente castigada por la barbarie terrorista.
El secuestro y posterior asesinato del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco, en julio de 1997, supuso un antes y un después en la repulsa ciudadana al terrorismo tanto en el País Vasco como en el resto de España, en lo que entonces se llamó "El espíritu de Ermua".
Movilización social sin precedentes que también se produjo con el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, enterrado en vida en un zulo de Mondragón durante 532 días, hasta su liberación por la Guardia Civil el 1 de julio de 1997, unas semanas antes del asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Frente al asesinato "selectivo", ETA tampoco ha dudado en colocar coches-bomba en cuarteles repletos de niños o en lugares transitados provocando la muerte, heridas o mutilaciones a cientos de civiles que simplemente pasaban por allí.
Fue lo que ocurrió en el que se considera su atentado más sangriento, el de Hipercor de 1987 -21 muertos- y también en la bomba contra la casa-cuartel de la Guardia Civil de Vic (Barcelona), con nueve fallecidos, perpetrado en 1991.
No en vano, 21 de los casi 900 asesinados eran menores de edad, como Fabio Moreno, de dos años, hijo de un guardia civil, muerto en 1991, o su primera víctima mortal, Begoña Urroz, un bebé de veintidós meses que falleció abrasado tras la explosión de una bomba incendiaria en la estación donostiarra de Amara, en junio de 1960.
Precisamente, la recién aprobada Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, fija ese año de 1960 como el arranque para el cobro de indemnizaciones por atentados, con efectos retroactivos.
