El CGPJ analiza este lunes en un Pleno extraordinario las acusaciones políticas contra los jueces

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá este lunes, a las 17.00 horas, para debatir un pronunciamiento sobre las manifestaciones que realizaron los portavoces de varios grupos parlamentarios el pasado 30 de enero en el Congreso de los Diputados en referencia a miembros del Poder Judicial. Mientras, desde los partidos independentistas socios del gobierno de Sánchez continúan los ataques directos al juez García Castellón. Hoy el vicepresidente de la Generalitat en una entrevista en el diario.es le llama prevaricador

La convocatoria del Pleno extraordinario ha sido acordada por el presidente del CGPJ en funciones, Vicente Guilarte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 600 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 35 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces, ante la petición registrada por los vocales José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, José María Macías, Gerardo Martínez Tristán, Ángeles Carmona, José Manuel Fernández, Nuria Díaz Abad, Juan Martínez Moya y Wenceslao Olea.

El Pleno del Congreso registró señalamientos e insultos hasta en una docena de ocasiones contra varios jueces por parte de portavoces de partidos que forman el bloque que sostiene al Gobierno de Pedro Sánchez.

En el Hemiciclo se escucharon referencias a los jueces Manuel García-Castellón, Joaquín Aguirre y Manuel Marchena durante el debate de la ley de amnistía. Algunos llegaron a calificar su actuación en causas relacionadas con el ‘procés’ de “prevaricación”, sin que la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, interviniera en ningún momento.

Míriam Nogueras, portavoz de Junts, tuvo una intervención especialmente dura contra los jueces Aguirre y García-Castellón, que tienen abiertas instrucciones en las que se investiga al expresidente catalán Carles Puigdemont por delitos de terrorismo y alta traición.

También hubo críticas de la portavoz de Podemos Martina Velarde y de Gerardo Pisarello, que habló en nombre de Sumar, la otra pata del Gobierno de coalición. Tras el aluvión de críticas, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Felix Bolaños, mostró de forma “nítida” su “rechazo absoluto” a dichas declaraciones.

Y añadió: "España es un Estado de derecho, con jueces que ejercen su labor de manera profesional y con rigor. Y, por supuesto que se puede discrepar de sus decisiones, para eso el propio Estado de derecho da herramientas y recursos para poder impugnar esas decisiones”.

Según el escrito de los vocales solicitantes del Pleno extraordinario, el motivo de la convocatoria es propiciar un pronunciamiento del CGPJ ante las palabras de varios “oradores de varios grupos parlamentarios ante la aquiescencia y mutismo de la señora presidenta de las Cortes”.