El CGPJ busca un acuerdo in extremis para la elección de su presidencia antes del Año Judicial
- Sobre la mesa hay siete candidaturas de magistrados y magistradas del tribunal Supremo
- La Ley Orgánica del Poder Judicial exige una mayoría reforzada de tres quintos de los miembros del Pleno, lo que obliga a un acuerdo entre ambos bloques
A cuatro días de la apertura del Año Judicial, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aborda este lunes un pleno crucial para desbloquear la elección de la presidencia de la institución, que evite que el órgano de gobierno de los jueces no esté representado oficialmente en el acto que preside el rey.
Sobre la mesa hay siete candidaturas de magistrados y magistradas del Tribunal Supremo, que fueron las registradas en el pleno del pasado 25 de julio. Cinco mujeres y dos hombres de diferentes tendencias.
Los progresistas han propuesto a Ana Ferrer, Pilar Teso y Ángeles Huet. Y el bloque conservador a Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Carmen Lamela y Pablo Lucas.
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Pilar Teso es la favorita del bloque progresista, aunque sin olvidar a Ana Ferrer y siempre con la intención de situar por vez primera a una mujer al frente del Poder Judicial; y Pablo Lucas es la primera elección de los conservadores, a quien algunos encasillan de progresista y otros de moderado. Hoy, ninguno genera consenso.
La Ley Orgánica del Poder Judicial exige una mayoría reforzada de tres quintos de los miembros del Pleno, lo que obliga a un acuerdo entre ambos bloques, que hasta la fecha ha sido inviable, por las posiciones inamovibles de ambos grupos, si bien los vocales -diez elegidos a propuesta del PSOE y otros tantos del PP- son conscientes de que "hay que salir de esta situación cuanto antes".
Una negociación sin descanso pero sin resultados
Diversos vocales afirman que el Poder Judicial no se puede permitir llegar al acto del Año Judicial con una silla vacía o un representante meramente formal, que sería Bernardo Fernández, por ser el vocal de más edad, aunque aquí las interpretaciones varían.
Según fuentes de ambos grupos, las reuniones son "constantes" desde que el 5 de agosto fracasara el último intento por elegir la presidencia. De hecho, en los últimos días las llamadas y negociaciones se han intensificado y se prevé que así siga este fin de semana, más allá de la comisión negociadora de ocho vocales.
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"No se ha dejado ni un minuto de buscar el acuerdo, se está apretando al máximo para conseguirlo", añaden las fuentes. Pero lo cierto es que "no se han producido apenas avances". Es más, las fuentes aseguran que se centran en hablar de programas y objetivos de la futura presidencia porque "en los nombres estamos alejados".
Todos entienden que hay que elegir a una de las siete candidaturas, pero si la situación se enquista más aun, algunos vocales sugieren que "habrá que buscar fórmulas alternativas", sin precisar en qué consisten o si se podría abrir la puerta a nuevas candidaturas ajenas al Supremo.
El miércoles, día clave
Sin embargo, este escenario lo rechaza una mayoría de vocales no solo por ser contrario a la ley, sino porque temen que las asociaciones llegaran a recurrir ese nombramiento. "Hay que dar vueltas a la noria, no nos podemos salir de esos nombres", dicen.
Ahora bien, la situación es de tal urgencia que las partes se han comprometido a seguir tratando de alcanzar el acuerdo el martes en caso de no lograrlo este lunes. "Tiene que salir sí o sí antes del Año Judicial", añaden.
El miércoles es un día tan crucial o más que el lunes, porque ese día estaría prevista la toma de posesión, explica un vocal. "Para el 4 lo tenemos que tener resuelto, ese es el horizonte".
La Ley de Paridad entra en la negociación
Otra clave para la elección puede venir determinada porque el pasado 22 de agosto entró en vigor la ley Orgánica 2/2024 de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, que se proyecta sobre el órgano de gobierno de los jueces.
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Actualmente, el CGPJ cumple dicha norma porque hay el mínimo de 40% de mujeres, 8 frente a 12.
Pero ocurre que la figura de la presidencia no genera consenso en esta cuestión, porque los conservadores entienden que la norma no afecta a este puesto, mientras que los progresistas consideran lo contrario.
Sea como fuere, las fuentes no esconden que esta nueva ley condiciona ya las negociaciones, por eso los conservadores recuerdan que en su lista están Lamela y Córdoba, que no gustan entre los progresistas.
