El CGPJ muestra su "rotundo rechazo" a las declaraciones de Teresa Ribera sobre García Castellón

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este viernes por unanimidad expresar su "rotundo rechazo" a las críticas de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, al juez del caso 'Tsunami Democràtic', Manuel García Castellón, al considerar que son "contrarias" al "deber de respeto a la independencia judicial", al tiempo que ha reclamado "responsabilidad institucional" para "evitar la utilización política de la Justicia".

Los tres vocales conservadores que integran la Comisión Permanente --José Antonio Ballestero, Carmen Llombart y María Angeles Carmona-- habían pedido al presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, que convocara una reunión urgente de la misma, algo que finalmente se ha hecho de forma telemática para alumbrar un pronunciamiento unánime, poco usual en este Consejo, habitualmente dividido en los bloques progresista y conservador.

El objeto era analizar las palabras de Ribera criticando la reciente resolución de García Castellón que confirma su decisión de enviar 'Tsunami Democràtic' al Tribunal Supremo para que se investigue al ex presidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a otras 10 personas por presuntos delitos de terrorismo.

"Yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se estaba pronunciando este juez, que como digo nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles", ha asegurado Ribera.

Para la Comisión Permanente, "estas manifestaciones son contrarias al principio de lealtad institucional" y "al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de Derecho consolidado e integrante de la Unión Europea, uno de cuyos valores esenciales es la separación de poderes, imprescindible para hacer realidad el valor Justicia".

"Solo unos jueces en los que sus conciudadanos confíen podrán prestar el derecho a la tutela judicial efectiva para la prevalencia de los valores comunes propios del Estado de Derecho", subraya.

DETERIORO INSTITUCIONAL

En consecuencia, indica que dichas palabras, "en cuanto merman la confianza de nuestros conciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro institucional, merecen un rotundo rechazo, máxime si interfieren en una investigación en curso de los hechos".

Además, como recuerda que ya ha hecho "con ocasión de otros pronunciamientos de miembros del Poder Ejecutivo en relación con actuaciones de los tribunales", apela "a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/zas y magistrados/as que integran el Poder Judicial".

"Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho", concluye.

LA AN NIEGA QUE ACTÚE CON "MOTIVACIÓN POLÍTICA"

También la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha defendido al juez García Castellón, negando que actúe con "una pretendida motivación política a modo de respuesta judicial al acuerdo de investidura entre los partidos PSOE y Junts per Catalunya y a la proposición de ley de amnistía".

Así se han expresado los magistrados de la Sección Tercera en un auto en el que avalan las diligencias de investigación acordadas por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, al tiempo que rechazan las acusaciones vertidas por el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, investigado en la causa.

Esa sección, encabezada por el presidente de la propia Sala de lo Penal, el magistrado Alfonso Guevara, destaca que son "absolutamente rechazables las alegaciones de la defensa" de Alay "sobre una pretendida motivación política" de García Castellón al dictar tres autos distintos el pasado mes de noviembre.

PUIGDEMONT REIVINDICA LA "AMNISTÍA INTEGRAL"

Por su parte, el expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha acusado a García Castellón, de "vulneración persistente del Estado de Derecho".

En un mensaje en 'X' ha sostenido que el hecho de que siga haciendo de juez confirma que "el Estado español tiene problemas estructurales que no se arreglarán, porque son congénitos".

El expresidente ha reivindicado la amnistía asegurando que "sin amnistía integral, que no excluya a nadie, no hay amnistía. Hay una especie de indulto general que, este sí, está expresamente prohibido", ha puntualizado.