El Congreso aprueba este jueves definitivamente ley Zerolo para combatir discriminación
- Establece medidas para evitar, entre otras, la discriminación laboral, sanitaria, en el acceso a una vivienda o en el ámbito educativo
- Contempla sanciones que van desde los 300 a los 500.000 euros
El Pleno del Congreso de los Diputados aprueba este jueves definitivamente la conocida como ley Zerolo que tiene como objetivo prevenir y eliminar todas las formas de discriminación y contempla sanciones que van desde los 300 a los 500.000 euros.
La proposición de ley de igualdad de trato y no discriminación -que fue registrada en solitario por el PSOE y supuso entonces un conflicto con su socio de Gobierno que se abstuvo en el debate de admisión a trámite el pasado año- culminará así su tramitación parlamentaria y estará lista para entrar en vigor.
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El texto viene del Senado y ya pasó previamente por la Cámara Baja y en ambos casos ha incorporado novedades con respecto al proyecto inicial.
Asegura el texto que es una ley de garantías que "no pretende tanto reconocer nuevos derechos como garantizar los que ya existen", de forma que desarrolla el artículo 14 de la Constitución e incorpora la jurisprudencia constitucional que hay al respecto.
La norma establece que nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial, o étnico, sexo o religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, estado de salud, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
"Tiene la vocación de convertirse en el mínimo común normativo que contenga las definiciones fundamentales del derecho antidiscriminatorio español y, al mismo tiempo, albergue sus garantías básicas", señala el texto.
Y hace frente a todas formas de discriminación, con especial hincapié al antigitanismo, que lo reconoce como un delito de odio en el Código Penal.
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La futura ley establece medidas para evitar, entre otras, la discriminación laboral, sanitaria, en el acceso a una vivienda o en el ámbito educativo y determina que en ningún caso podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública los centros que excluyan a personas o grupos por alguna de las causas establecidas en la ley.
Establece un régimen de infracciones y sanciones "proporcionado y razonable, que permite una compensación real a las víctimas de discriminación" que van desde los 300 a los 500.000 euros: leves entre 300 y 10.000 euros; graves, entre 10.001 y 40.000 euros; muy graves entre 40.001 y 500.000 euros.
La pasada semana el Senado acordó incluir en la ley el refuerzo en la lucha contra la segregación escolar por motivo socioeconómicos, de sexo, raza o enfermedad, además la futura ley dictamina que las web y las aplicaciones informáticas tenderán a cumplir los requisitos de accesibilidad para garantizar la igualdad y la no discriminación en su acceso, en particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores.
La ley también crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, como autoridad independiente encargada de proteger y promover lo que defiende la ley y en los ámbitos competencia del Estado previstos en la norma, tanto en el sector público como en el privado.
