El Congreso publicará en el BOE la reforma que beneficia a presos de ETA sin nueva votación

La Mesa del Congreso ha decidido acelerar su respuesta al Senado y resolverá este martes el último conflicto entre cámaras remitiendo al Boletín Oficial del Estado (BOE) la reforma de la ley orgánica 7/2014, que permite a los presos de ETA conmutarse las penas cumplidas en Francia.

El PSOE y Sumar han hecho valer este martes su mayoría en la Mesa para descartar la pretensión del Senado, desechando la opción de un nuevo debate en el pleno del Congreso

El vicepresidente primero del Congreso y diputado del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha acusado al Partido Popular de emplear una "triquiñuela" en el Senado por la que Mesa del Congreso no puede pasar.

En declaraciones a los medios, ha rechazado que este lunes la citada ley fuera vetada porque en el caso de que fuese un veto se necesita un requisito como es interponerlo en el plazo de diez días, cosa que no se hizo.

Preguntado por si cree que el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha incumplido deliberadamente la ley -como han asegurado fuentes parlamentarias-, ha dicho que eso lo tendrán que estudiar los servicios jurídicos del grupo parlamentario socialista en el Senado o del Congreso.

En todo caso ha considerado que la actuación de Rollán ha sido "muy desacertada" porque "se saca de la manga -ha dicho- algo que es impropio, que es que la mayoría absoluta puede contra todo" y está "por encima de la ley".

Reacciones

Asimismo, el PSOE acusó este martes al PP de haber convertido al Senado en “Génova dos”, en alusión a la calle madrileña donde está la sede central de los populares y a que la Cámara Alta diera este lunes por vetada la ley de antecedentes penales en la UE al recibir el voto en contra de una mayoría absoluta de senadores.

Así lo aseguró el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, quien sostuvo que el veto desde el Senado sólo se puede plantear cuando se presenta de manera formal, algo que no sucedió en este caso.

López señaló que “es imposible que el Senado votara un veto porque nadie lo había presentado”, al tiempo que sostuvo que es una utilización partidista de esta institución que los populares devolvieran la ley porque sus senadores votaron en contra.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha exigido este martes a la Mesa del Congreso que "dejen de hacer piruetas y manosear el Reglamento" e insiste en reclamar que los grupos parlamentarios se "retraten" con su votación en el Pleno. A la vista de la decisión del órgano de gobierno de la Cámara Baja de dar por aprobada la ley, la formación se plantea recurrir en amparo al Tribunal Constitucional.

Para algunos socios de la izquierda, como Compromís, el PP está naciendo el ridículo y no puede ser "más miserable" con esta estrategia del veto, ha señalado Águeda Micó, al afirmar que ETA acabó hace mucho tiempo y lo que quiere ahora la gente son políticas de cohesión y convivencia. Además, ha defendido que el Partido Popular "era muy consciente de lo que estaba votando", algo en lo que ha incidido también De Celis.

El portavoz de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, ha considerado por su parte que lo que ha hecho la Mesa es "no caer en la trampa que el PP intentó en el Senado" y seguir, en su lugar, el "procedimiento normal de trasposición de una directiva europea".

Vox y UPN piden que el Senado plantee un conflicto de competencias

La Presidencia del Senado ha acogido este martes con prudencia la decisión de la Mesa del Congreso de dar por aprobada la ley de antecedentes penales sin una nueva votación y esperará para pronunciarse a estudiar la argumentación jurídica que remita la Cámara Baja.

Fuentes de la Presidencia del Senado han resaltado asimismo que la consideración como veto está basada en un informe por escrito de los letrados de la Cámara Alta, mientras que en la Cámara Baja han tomado su decisión tras una mera consulta verbal a sus servicios jurídicos.

Los senadores de Vox (Paloma Gómez, Ángel Pelayo y Fernando Carbonell) y la de UPN (María Caballero) han pedido que el Senado inicie un conflicto de competencias con el Congreso por el "manifiesto ataque a las funciones constitucionales" de esta sede parlamentaria.