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Los grupos parlamentarios de PP y Junts se han aliado este jueves en el Congreso para sacar adelante, junto a Vox y PNV, suprimir el gravamen extraordinario a las grandes energéticas.

Entre leyes, decretos y otras votaciones trascendentes, como reprobaciones, el Gobierno ha perdido, en total, 53 votaciones en 2024.

La ley que regula un tipo mínimo para las multinacionales y el paquete fiscal del Gobierno ha quedado definitivamente aprobada con algunas de las modificaciones introducidas por el Senado, que han sido convalidadas gracias a los votos de socios parlamentarios del Ejecutivo y pese a la oposición de éste.

Entre ellas una enmienda a la reforma fiscal que el PP introdujo en el Senado con su mayoría absoluta y que ahora se ha ratificado en el Congreso con apoyo de Junts y del PNV, que ya no quieren prorrogar el gravamen.

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En concreto, la medida establece la derogación del artículo que regula la tasa en la ley por la que se crearon los gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros y de crédito y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas.

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Tanto el portavoz del PNV, Aitor Esteban, como la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, han confirmado en los pasillos del Congreso que sus formaciones no apoyan esta figura del gravamen porque puede poner en riesgo inversiones en la industria energética y, en el caso de los vascos, porque su configuración actual de prestación de carácter no tributario impide a las haciendas forales recaudarla.

La derogación impediría cumplir al Gobierno su compromiso con ERC, Bildu y BNG de prorrogar el gravamen, pero el Gobierno piensa aprovechar el Consejo de Ministros del próximo lunes, el último del año, para aprobar el decreto ley prometido con el fin de que entre en vigor antes de que la reforma votada este jueves se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entre en vigor la supresión de su base legal.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzó este jueves que el Consejo de Ministros aprobará el próximo lunes un real decreto que permitirá mantener el gravamen a las energéticas, con el objetivo de convalidarlo en el Congreso y tramitarlo como proyecto de ley para convertirlo en impuesto.

Una vez que se apruebe en el Consejo de Ministros y se publique en el BOE, entrará en vigor, a la espera de su convalidación por el Congreso, algo que parece improbable de mantenerse el sentido del voto expresado este jueves.

AYUDAS POR LA DANA

Asimismo, ha quedado aprobada la exención de tributación para las ayudas que algunas empresas están dando a sus trabajadores que se han visto afectados por la catástrofe de Valencia, propuesta por el PP.

Además, el Pleno del Congreso de los Diputados convalidó este jueves el tercer real decreto-ley de medidas tras la Dana, con los únicos votos en contra de Vox. Por 316 votos a favor, frente a los 33 de Vox en contra y ninguna abstención.

En su presentación, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, subrayó que la cantidad de dinero movilizado para este Real Decreto Ley ronda los 2.274 millones de euros.

DESAHUCIOS Y LEY DE EFICIENCIA DE LA JUSTICIA

El Congreso ha aprobado definitivamente este jueves la ley de eficiencia de la Justicia, tras conseguir levantar el veto del Senado con el apoyo de Podemos, que había amenazado con dejar caer la ley al incluir una enmienda que permitirá agilizar los desahucios en los casos de ocupación.

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La ley ha salido adelante con 177 votos a favor, 170 en contra y ninguna abstención, aunque durante el debate parlamentario, la diputada de Podemos Martina Velarde había dado a entender que se abstendrían en esta votación, lo que habría supuesto el rechazo de la norma impulsada por el Gobierno.

"Seguiremos trabajando siempre hasta el último momento para que nuestros votos nunca sirvan para recortar derechos ni para legitimar desahucios", dijo Velarde, a lo que la secretaria general de Podemos Belarra añadió en pasillos que el problema es que el error que cometieron ERC y Bildu al permitir que esa enmienda entrase en el proyecto "no lo pueden pagar las personas vulnerables", sino que lo tienen que arreglar los grupos que se equivocaron.

Pero finalmente los cuatro diputados de la formación morada han votado a favor de levantar el veto a este proyecto de ley que impuso el Senado con la mayoría absoluta del PP, con lo que la norma ha salido adelante.