El Constitucional abordará tras el 28M los recursos sobre el CGPJ y el ex diputado Alberto Rodríguez

El Tribunal Constitucional (TC) abordará en el mes de junio, una vez superada la fecha clave de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, los recursos contra la reforma legal que impide que un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) caducado, como el actual, haga nombramientos discrecionales en la cúpula judicial y por la pérdida del escaño del ya ex diputado de Podemos Alberto Rodríguez.

Según fuentes jurídicas, la corte de garantías, que esta semana ha concluido un nuevo Pleno en el que ha avalado definitivamente la ley del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aún celebrará otro cónclave antes de la cita con las urnas. Será esa misma semana pero no se espera que lleve asuntos de calado, precisamente, por el 28-M.

Superados dichos comicios, las fuentes avanzan que el Constitucional dará salida a dos temas importantes que seguían pendientes: el recurso presentado en abril de 2021 por Vox contra la pérdida de poderes de un CGPJ en funciones y el amparo solicitado por Rodríguez en enero de 2022 contra la retirada de su escaño en el Congreso de los Diputados.

El primer recurso, en manos de la magistrada progresista María Luisa Balaguer, busca revocar la modificación efectuada en marzo de 2021 a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para prohibir que un CGPJ en situación de interinidad cubra las vacantes generadas en los altos tribunales. La reforma legal pretendía empujar al PP a la mesa de negociaciones para renovar el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato expiró el 4 de diciembre de 2018.

Sin embargo, la falta de avances para nombrar nuevos vocales propició que el pasado julio las Cortes Generales aprobaran una segunda reforma de la LOPJ para devolver al CGPJ su capacidad de proponer candidatos al TC y facilitar así una renovación parcial del Constitucional que se materializó el 9 de enero provocando un vuelco hacia la actual mayoría progresista. Esta 'contrarreforma' también está recurrida.

La reforma inicial de la LOPJ fue impugnada tanto por Vox como por PP, pero los de Santiago Abascal lo hicieron antes que los 'populares', por lo que su escrito se verá primero. Así, la propuesta elaborada por Balaguer marcará el camino de la ponencia encomendada al magistrado conservador César Tolosa sobre el recurso del Partido Popular.

El pasado noviembre, antes de que el TC se renovara parcialmente, desde la corte de garantías se advertía de que, aunque ambas ponencias estaban muy avanzadas, la de Tolosa, que aún no formaba parte del tribunal, estaba entonces a cargo de Juan Antonio Xiol, aún tardarían en ir a Pleno para no interferir en "los procesos de negociación política o en los procesos electorales pendientes".

Ahora, bajo la nueva Presidencia del Constitucional, ejercida por Cándido Conde-Pumpido tras la salida de Pedro González-Trevijano en la última renovación del TC, se ha optado por imprimir otro ritmo al tribunal para dar salida a asuntos que llevaban años en la lista de espera, siendo el más antiguo de ellos el recurso 'popular' contra la ley del aborto de 2010.

SIN RESPUESTA A UNAS MEDIDAS CAUTELARES

Precisamente, uno de los casos flagrantes, en palabras de algunas fuentes, es el del ex diputado 'morado'. Rodríguez demandó amparo al TC en enero de 2022, pidiendo al mismo tiempo una medida cautelar para que se le devolviera su acta de diputado sin que todavía haya recibido respuesta a esta solicitud urgente.

Rodríguez impugnó el acuerdo adoptado el 22 de octubre de 2021 por la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, para retirarle el escaño después de que el Tribunal Supremo le condenara por propinarle una patada a un policía durante una manifestación que tuvo lugar en 2014 en La Laguna (Tenerife).

El Supremo condenó a Rodríguez a la pena de prisión de un mes y quince días como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad con la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

El alto tribunal sustituyó la pena de prisión por una multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros (en total, 540 euros), si bien aclaró que este reemplazo de la pena principal no afectaba a la pena accesoria, que fue la que finalmente dio lugar a que Rodríguez perdiera su asiento en el Congreso de los Diputados.

Rodríguez recurrió también la propia sentencia, denunciando que durante el proceso judicial se vulneraron sus derechos fundamentales. La Fiscalía del TC apoyó amparar al político canario por la retirada del escaño, no así en la impugnación contra el fallo del TS.