El Tribunal Constitucional (TC) ha exonerado parte de la prevaricación por la que se condenó a nueve años de inhabilitación al exvicepresidente y exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías Arévalo y al exviceconsejero de Presidencia y exdirector general de Presupuestos de la Junta de Andalucía Vicente Lozano Peña por el "procedimiento específico" de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos.
En la misma línea que la seguida por el tribunal al revisar las penas de otros ex altos cargos andaluces, la corte de garantías ha estimado parcialmente el recurso del exconsejero de Presidencia andaluz contra la sentencia que le condenó a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación en la causa de los ERE, al considerar que esta vulneró su derecho a la legalidad penal.
Y lo ha hecho con el mismo equilibrio de fuerzas: los siete magistrados progresistas han votado a favor y los cuatro conservadores en contra.
Anula, por tanto, la resolución de la Audiencia de Sevilla, confirmada después por el Tribunal Supremo, e insta a dictar una nueva que previsiblemente reducirá su condena, como hizo ayer con los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.En el caso de este último, también borró su condena de cárcel por malversación.
Según precisa el TC, la nueva sentencia de Zarrías deberá excluir los hechos relacionados con la aprobación de los anteproyectos de ley de Presupuestos y de las modificaciones presupuestarias amparadas por dicha ley en los años 2002 a 2009.
El Constitucional reitera --como ya fijó en resoluciones anteriores relativas a los 'ERE'-- que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley por el Parlamento de Andalucía no puede ser constitutiva de un delito de prevaricación.
En las últimas semanas, el TC ha explicado las diferencias entre las actuaciones cometidas entre 2000 y 2001 y las relativas al periodo 2002 y 2009. A diferencia de las del primer tramo, las últimas contaron con el paraguas legal de los anteproyectos y proyectos de ley de presupuestos que se aprobaron en el Parlamento de Andalucía.
De momento, las sentencias del TC han supuesto la libertad de cinco ex altos cargos de la Junta: la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo --que ya gozaba del tercer grado penitenciario--; el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo; el exdirector del IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar; el exconsejero de Empleo Antonio Rodríguez; y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román.