El Gobierno Vasco eleva a 58 las progresiones a tercer grado de presos de ETA

El Gobierno Vasco ha elevado a 58 las progresiones al tercer grado para presos de ETA desde que asumió la competencia en octubre de 2021 y la Fiscalía vía recurso ha dejado en suspenso otros tres de ellos en el mes de octubre, los que afectan a José Antonio Borde Gaztelumendi, Andoni Otegi Eraso y Juan Carlos Subijana Izquierdo.

Según el Observatorio de Política Penitenciaria de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), consultado por Europa Press, los otros dos presos de ETA con tercer grado concedido durante este último mes y en vigor son José Ignacio Guridi Lasa y Asier Carrera Arenzana.

Guridi Lasa fue condenado por el asesinato del periodista José Luis López de la Calle, así como el de los guardias civiles Irene Fernández Perera y José Angel de Jesús Encinas en 2002. Carrera Arenaza, por su parte, también fue detenido y condenado como responsable del atentado que acabó con la vida del dirigente socialista Fernando Buesa y su escolta Jorge Díez Elorza.

De esta forma, son ya 58 las progresiones al tercer grado aprobadas por el Ejecutivo vasco, de las que 15 han sido revocadas por la Audiencia Nacional y otros ocho han quedado suspendidas al ser recurridas por la Fiscalía.

TRES PROGRESIONES SUSPENDIDAS

Entre los terceros grados suspendidos figura José Antonio Borde Gaztelumendi. En junio fuentes fiscales motivaron su recurso en que este preso condenado por múltiples delitos --entre ellos tres asesinatos-- no había cumplido aún las tres cuartas partes de la condena, no constaba un compromiso de pago de la responsabilidad civil y no se había arrepentido o mostrado repudio por su actividad terrorista.

Andoni Otegi Eraso, uno de los internos de la banda terrorista que ha participado en los encuentros restaurativos confidenciales junto a víctimas, se encuentra en prisión desde 2008 y cumple una condena acumulada de 30 años por asesinatos, asesinatos en grado de tentativa, estragos, depósito de armas, robo y falsificación.

Cumplirá las 3/4 partes de la condena en abril de 2031, según informó Instituciones Penitenciarias tras ser acercado de cárcel.

Juan Carlos Subijana Izquierdo, el tercer etarra al que se le ha suspendido en octubre el tercer grado, fue condenado como colaborador del atentado que acabó con la vida en octubre de 2000 de Máximo Casado Carrera, jefe de servicios de la prisión alavesa de Nanclares de la Oca.

Cuando fue acercado a la cárcel de Basauri, Prisiones dijo de este etarra que se había desvinculado por escrito de ETA, rechazaba la violencia y había abonado la responsabilidad civil.

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SE ELEVAN A 58 LOS ETARRAS CON TERCEROS GRADOS

De esta forma, son ya 58 los presos etarras progresados al régimen abierto --que suele conllevar que el interno pueda salir de prisión y regresar a dormir al centro-- desde que el Gobierno Vasco asumió la competencia penitenciaria en octubre de 2021.

De acuerdo con los datos de la AVT, corresponde a 48 presos de ETA, ya que en diez ocasiones se han repetido por una segunda vez las progresiones, después de que el acuerdo del Gobierno Vasco fuera paralizado por la Fiscalía y la Audiencia Nacional.

De estos 58 etarras progresados por el Gobierno Vasco, ocho se encuentran ya en libertad condicional y otros cuatro más en libertad por cumplimiento de la condena. Entre ellos figura Mikel Azurmendi Peñagaricano, a quien se le suspendió a principios de octubre el tercer grado, pero ya ha sido excarcelado tras cumplir su pena por varios asesinatos, entre ellos el del matrimonio del concejal del PP Alberto Jiménez-Becerril y Ascensión García perpetrado en Sevilla en 1998.

Según los datos de la AVT, de las 58 progresiones aprobadas por el Gobierno Vasco, en 15 ocasiones ya han sido revocadas por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. Además, hay otros ocho casos recurridos con efectos de suspensión, mientras que contabiliza seis recursos desestimados.

El Tribunal Supremo fijó a finales de 2022 como doctrina legal unificada en materia penitenciaria que, en los casos de delitos graves, el recurso del fiscal contra una excarcelación, por ejemplo en los casos de un tercer grado, tiene "efecto suspensivo".

Las plataformas de apoyos de los presos de ETA se han quejado de estos recursos, que encuadran en lo que califican como "políticas de excepción", denunciando que fiscales y jueces de la Audiencia Nacional toman decisiones en contra de las juntas de tratamiento de las cárceles vascas.

Desde mediados de 2018, con la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno y Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior --de quien depende Instituciones Penitenciarias-- se han acordado 27 progresiones al tercer grado para presos de ETA, una prerrogativa que quedó en manos del Ejecutivo vasco por el traslado de presos a esta comunidad y el traspaso de la competencia en materia penitenciaria.