El PP pide anular los doce contratos a los traductores del Congreso por "fraude de ley"
- A través de un recurso de reposición
El grupo parlamentario del PP ha pedido a la Mesa del Congreso, a través de un recurso de reposición, anular los doce contratos que se hicieron a los traductores que interpretaron las lenguas cooficiales en el pleno de la Cámara Baja por considerar que incurren en "fraude de ley" en la contratación pública.
En un comunicado, el PP señala que la contratación a estas personas no se podía fraccionar en contratos menores porque el fin era el mismo y recuerda que la Ley de Contratos del Sector Público establece como contratos menores los que tienen un valor inferior a 15.000 euros pero que "no podrá fraccionarse un contrato con finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento que corresponden".
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El recurso de reposición contra la adjudicación de estos contratos menores de servicios de interpretación "deberían haberse tramitado en un único procedimiento, que hubiera podido en su caso, dividirse en lotes, pero se ha utilizado la contratación menor, en fraude de ley".
De esta forma lo considera el PP, al incidir en que cada uno de los contratos se firmaron por un valor de 14.999,99 euros, un céntimo menos del límite fijado en la Ley de Contratación del Sector Público, para ser tramitados como contratos menores.
"Eludiendo cualquier procedimiento competitivo de adjudicación y vulnerando con ello los principios de concurrencia, publicidad y transparencia que debe regir en la contratación pública", puntualizan los populares que piden anular estos contratos por haber incurrido "en fraude de ley".
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El grupo parlamentario del PP cree que estas contrataciones perjudican el interés general y no benefician al erario público y critica la actuación de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por ser "totalmente ilegal y arbitraria" al justificar estos contratos por la "necesidad" de disponer de estos servicios de interpretación el 19 de septiembre, dos días antes de que se aprobara la reforma del reglamento que implantó el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso.
En caso de que la Mesa considere que no puede llevar a cabo dicha anulación porque compete al Tribunal de Recursos Contractuales de las Cortes Generales al exceder de 100.000 euros, el PP solicita que se entienda por interpuesto el mismo recurso ante este tribunal y se le traslade
