El PP recusa al letrado mayor del Congreso y avisa que no debe firmar la ley de amnistía

El PP ha recusado al nuevo secretario general del Congreso, Fernando Galindo, que tendría que firmar el informe jurídico que acompaña a la proposición de Ley de la amnistía, al considerar que no puede participar en ese trámite puesto que ha formado parte del Gobierno hasta el 31 de octubre de 2023.

El grupo parlamentario del PP ha registrado este lunes una solicitud de recusación a Galindo al considerar que su participación en el trámite de esta ley "vulnera los principios legales de imparcialidad y objetividad", no sólo por haber sido subsecretario del Ministerio de Política Territorial sino también por estar casado con la directora general de Relaciones con las Cortes, que dimitió de su cargo el 30 de octubre, tres días antes de haber sido nombrado letrado mayor del Congreso.

El PP considera que Galindo ha sido miembro de un Ministerio del Gobierno que ha participado en la elaboración de la proposición de ley que la Mesa calificará previsiblemente mañana por lo que ha solicitado que se paralice este trámite hasta que el Congreso resuelva la revocación o bien se acuerde, en su caso, la sustitución de Galindo.

"El propio ministro Bolaños reconoció que se trataba de un proyecto de ley que se iba a vehiculizar a través de una proposición de ley; lo que significa que el texto ha sido elaborado y redactado desde el Gobierno o por lo menos que el Ejecutivo ha tenido pleno conocimiento del mismo", incide el grupo parlamentario en un comunicado.

Los populares consideran que según la ley del Régimen Jurídico del Sector Público, la de Altos Cargos y la del Estatuto del Personal de las Cortes, Galindo debería abstenerse en la tramitación técnica de la proposición de ley de la amnistía ya que de lo contrario podría incurrir en una falta disciplinaria "muy grave, llevando aparejada la sanción de separación, suspensión o traslado forzoso del puesto".

La Mesa del Congreso se reúne mañana a las 10,00 para calificar la proposición de ley que fue registrada en solitario por el PSOE, pero que será apoyada por sus socios parlamentarios y todo indica que irá acompañada de un informe jurídico en el que el secretario general del Congreso debe argumentar si considera que la iniciativa debe admitirse o no a trámite.