El Supremo avala rebajar penas por el 'solo sí es sí' pero insiste en analizar caso a caso
Las rebajas pueden aplicarse tanto en asuntos pendientes de juicio, como en recursos de apelación o casación de sentencias ya dictadas y resoluciones firmes
EUROPA PRESS
El Tribunal Supremo (TS) se ha pronunciado este martes sobre la aplicación de la 'ley del solo sí es sí' en el marco del 'caso Arandina', estableciendo que se podrá rebajar la pena a los condenados por delitos sexuales debido a la entrada en vigor de la nueva norma, si bien ha insistido en la necesidad de analizar caso por caso.
Según ha informado el TS, desde la Sala de lo Penal se ha incidido en que la Ley 10/2022 podrá aplicarse en beneficio del reo cuando se fije ahora una pena inferior en aquellos supuestos en los que así proceda, pero analizando caso por caso, y no de forma global.
Una conclusión a la que ha llegado tras estudiar el caso de la Arandina, en el que la Sala de lo Penal ha elevado de 3 y 4 años de cárcel a 9 la condena a dos exjugadores de la Arandina Club de Fútbol por agredir sexualmente a una menor en 2017, un año menos del que pedía la Fiscalía al entender el tribunal que hay que aplicar la norma más favorable, que es la "ley del sólo sí es sí".
Al avanzar el fallo de este caso y a la espera de las argumentaciones que plasmará en la sentencia, que se conocerá en unos días, el Tribunal Supremo ha incidido en una nota en que la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual "podrá aplicarse en beneficio del reo cuando se fije ahora pena inferior en aquellos supuestos en los que así suceda".
Eso sí, deja claro que hay que analizar "caso por caso" y que no puede hacerse "de forma global", y que las rebajas pueden aplicarse tanto en asuntos pendientes de juicio, como en recursos de apelación o casación de sentencias ya dictadas, como en resoluciones que ya son firmes.
Es la primera vez que el Tribunal Supremo se pronuncia, aunque de forma breve, sobre la posible aplicación de la ley del sólo sí es sí a condenas por delitos sexuales en un momento en el que tanto la esfera política como la judicial tienen la vista puesta en el criterio que fijen los magistrados del alto tribunal.