El Tribunal Constitucional (TC) decidirá previsiblemente el 22 de mayo, seis días antes de las elecciones municipales y autonómicas, si admite a trámite los cuatro primeros recursos presentados por exdirigentes socialistas de la Junta de Andalucía condenados por los ERE, entre ellos los expresidentes socialistas, José Antonio Griñán y Manuel Chaves.
Fuentes del tribunal han explicado a EFE que ese día, la Sala Segunda del Constitucional podría no pronunciarse y abocar la decisión de admitir a trámite los recursos al Pleno del órgano de garantías.
La admisión a trámite del recurso, han añadido las fuentes, no supone que el tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto que plantean los condenados, entre ellos la exministra Magdalena Álvarez y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el único de los recurrentes que está en prisión por este caso.
Cuatro días antes de este trámite judicial, Griñán ha sido citado para que la forense del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla valore la pertinencia de su ingreso en prisión por el caso ERE tras ser condenado a seis años de cárcel por malversación de fondos públicos.
De esta forma, será la segunda vez que la médico forense pueda evaluar al expresidente andaluz condenado, una vez finalizadas las sesiones de radioterapia que ha recibido por el cáncer de próstata que padece.
Cabe recordar que Chaves fue condenado a 9 años de inhabilitación, mientras que Griñán fue sentenciado a 6 años de cárcel por prevaricación y malversación.
Cuando se dio a conocer el fallo del alto tribunal en julio de 2022, el abogado de Griñán, José María Calero, aseguró en declaraciones a Europa Press Televisión que consideraba "incorrecta, errónea" y "claramente injusta" la sentencia del Supremo.
Griñán es el único de los ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenado a prisión que permanece en libertad, tras el ingreso el pasado 11 de abril en la cárcel Puerto III de El Puerto de Santa María (Cádiz) del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, también enfermo de cáncer, para cumplir su condena de siete años.
Este mismo viernes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que el Tribunal Constitucional "en vez de estar ahí para que se cumpla la Constitución" esté para "ser un tercer parlamento que legisla a lo suyo", "creando nuevos derechos o supuestos nuevos derechos que no lo son" o acomodando "planteamientos ideológicos".
La dirigente madrileña ha criticado que en España "se cambien las normas completamente cada día a capricho" generando una "profunda inseguridad jurídica" así como que, "a través del Constititucional".