El fiscal general del Estado ordena aplicar la ley de amnistía en todos los delitos, incluida la malversación

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha ordenado a los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que participaron en el juicio del procés que pidan al alto tribunal que aplique la amnistía a todos los delitos de los líderes independentistas catalanes, incluida la malversación.

García Ortiz ha enviado una orden acompañada de un informe jurídico de 133 páginas, al que ha tenido acceso EFE, tal y como le reclamaron por escrito los fiscales, partidarios de no perdonar la malversación, en caso de que no estuviera de acuerdo con ellos.

El fiscal general pide amnistiar a los cuatro condenados que cumplen penas de inhabilitación por la malversación -el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa- y a tres de los fugados que no llegaron a ser juzgados -el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig, procesados también por malversación.

Ordena aplicar la amnistía a todos los delitos y levantar las ordenes de detención

García Ortiz se dirige a los cuatro fiscales para ordenarles que "procedan a cumplimentar los traslados conferidos mediante providencias de 11 de junio de 2024, en el sentido de que los delitos objeto de imputación y condena en la Causa Especial núm. 3/20907/2017 seguida ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación" de la ley de amnistía.

Y, por consiguiente, "procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados", que son Puigdemont, Comín y Puig.

Avala levantar las ordenes nacionales de detención porque "desde el momento en que se advierta que opera una causa de extinción de la responsabilidad criminal sobre un sujeto es imperativo" su alzamiento en base al "imperio de la ley".

La orden del Fiscal General del Estado considera que estos fiscales confunden en su informe el "ánimo de lucro" que exige el delito de malversación con el "enriquecimiento personal de carácter patrimonial" de aquellos hechos que la ley de amnistía considera no amnistiables.

El perjuicio patrimonial para la Administración, resultado del delito de malversación, no es equiparable al "enriquecimiento personal de carácter patrimonial". Por eso, rechaza esta interpretación pues contradice la voluntad del legislador y de la propia norma.

Los fiscales del 'procés' consideran la orden "improcedente" y contraria a las leyes

Los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que intervinieron en el juicio del 'procés' -Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno- entienden que amnistiar todos los delitos a los líderes independentistas catalanes resulta "improcedente" y contrario a las leyes.

Los fiscales han respondido al fiscal general en un escrito poco después de que éste les ordenara, a través de un Decreto, que informaran en el Supremo a favor de aplicar la amnistía a todos los delitos de los líderes independentistas catalanes, incluida la malversación, y de levantar las órdenes de detención nacional como la pesa contra el expresidente catalán Carles Puigdemont.

Ante estas discrepancias, el fiscal Zaragoza -y en nombre también de sus compañeros-, ha invocado el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para convocar una Junta de Fiscales de Sala, que se ha señalado para el próximo martes.

Sabedor de esta situación, García Ortiz ha comunicado ya a los 38 fiscales de sala la reunión para fijar el criterio definitivo.

Con todo, la última palabra la tendrá siempre el fiscal general, e independientemente de ello, la decisión final corresponde a los magistrados del Supremo.

En el escrito, los fiscales exponen que si finalmente el fiscal general "mantiene la decisión adoptada sobre la aplicación de la ley a la malversación", les releve de esta causa "para ser despachada por V.E. o quien designe a tales efectos" y así cumplir con los plazos del juez del Supremo Pablo Llarena y la Sala de lo Penal para la presentación de informes, que vencen el miércoles.