El fiscal general recusa a todos los magistrados del Supremo que decidirán su continuidad

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha recusado a todos los magistrados del Tribunal Supremo que tienen que resolver sobre si sigue siendo o no el jefe del Ministerio Público.

Fuentes fiscales informan a EFE de que el fiscal general ha presentado un incidente de recusación contra los cinco magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que tienen pendiente de resolver un recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su designación al frente de la Fiscalía General del Estado.

Se trata de los mismos magistrados que el pasado noviembre dictaron una sentencia que tumbó el nombramiento de la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado, como fiscal togada del Supremo, al acusar a García Ortiz de "desviación de poder" ya que "su finalidad fue asegurar a Dolores Delgado su promoción a la máxima categoría de la carrera fiscal".

Es por ello que el fiscal general entiende que estos magistrados podrían no ser objetivos para determinar su continuidad o no al frente de la institución, una vez que el Consejo General del Poder Judicial le consideró "inidóneo" para el puesto precisamente por, entre otras cuestiones, aquella sentencia del Supremo.

Además de estos motivos, García Ortiz añade referencias como el caso del magistrado José Luis Requero, quien al día siguiente de aquella sentencia contra Delgado firmó un artículo en La Razón en el que dijo que "basta fijarse en lo que ya es un Tribunal Constitucional y una Fiscalía General del Estado apesebrados", añaden las fuentes.

Por ello, pide que su caso sea revisado por otros magistrados que no tengan pronunciamientos o referencias contra él, como entiende sucede ahora con esta sección de la Sala de lo Contencioso.

La resolución corresponde a la llamada Sala del 61, una sala especial del Supremo cuyo nombre proviene del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que recoge su creación.

Entre sus competencias figura la de estudiar, como dice la propia ley, "los incidentes de recusación del presidente del Tribunal Supremo o de los presidentes de Sala, o de más de dos magistrados de una Sala", como sucede en este mismo caso.

Con el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, a la cabeza, la Sala del 61 está formada por cada uno de los presidentes de las cinco salas del alto tribunal y por el magistrado más antiguo y más moderno de cada una de ellas.

La APIF interpuso un recurso contencioso administrativo en el Supremo contra la designación de García Ortiz, al considerar que su actuación y su "parcialidad" en favor del Gobierno muestran que su nombramiento no se ajusta a la ley.

García Ortiz, denuncian, "se ha mostrado descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno, al tiempo que ha omitido cualquier obligación debida a la Institución, a sus fiscales y faltando el respeto al Consejo Fiscal al apropiarse de alguna de sus potestades decisorias".

Por ello consideran que "no tiene ni el talante, ni la actitud, ni el carácter, ni la convicción para ser un Fiscal General del Estado y no del Gobierno".

El pleno del Senado ha debatido este miércoles una moción del PP por la que se insta al Gobierno a proponer la destitución del fiscal general del Estado ante "el incumplimiento de sus funciones y a la designación de uno nuevo".

Los 'populares' han planteado esa moción después de que el Tribunal Supremo haya anulado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática y de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya aceptado investigar a dos fiscales por la filtración de datos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso.

Por su lado, la portavoz del PSOE, Esther Peña, ha pedido al PP que "se ponga a hacer y a cumplir", en lugar de a reprobar, y le ha recordado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva bloqueado 1.977 días, los mismos que el PP ha estado "haciendo trampas" a los españoles e "incumpliendo" la Constitución.

Álvaro García Ortiz no se plante dimitir y avisa que el gobierno tampoco puede cesarle porque su aro está "blindado"