El juez Llarena mantiene la orden de arresto a Puigdemont pese a la ley de la amnistía

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha solicitado a la Fiscalía que informe sobre cómo afecta la ley de amnistía al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, sobre quien sigue vigente y activa la orden nacional de detención que adoptó contra él y así se lo ha transmitido a la Policía.

Con la entrada en vigor de la ley de amnistía, el magistrado ha dado cinco días a las partes para que se pronuncien sobre cómo se debería aplicar la norma respecto a Carles Puigdemont y los otros líderes independentistas (Comín, Puig y Rovira) que no llegaron a ser juzgados por el "procés" al haber huido.

Como él, la Sala que juzgó y condenó al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y a otros líderes soberanistas, y la magistrada que investiga a Carles Puigdemont por el caso Tsunami han solicitado informes sobre cómo afecta la ley de amnistía a los respectivos procedimientos.

SE MANTIENE LA INHABILITACIËN DE JUNQUERAS

Por su parte, el tribunal de la Sala de lo Penal que juzgó la causa del 'procés' ha dictado una providencia en la que da traslado también a la Fiscalía, a Vox --como acusación popular-- y a las defensas del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsejeros Ra~l Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa para que presenten alegaciones a la aplicación de la ley de amnistía en sus asuntos respectivos.

En el marco de dicha providencia, los magistrados recuerdan que la ley de amnistía señala que "sólo podrá entenderse amnistiado un acto determinante de responsabilidad penal (à) cuando así haya sido declarado por resolución firme dictada por el órgano competente para ello con arreglo a los preceptos de esta ley".

Así las cosas, se mantienen de momento las penas de inhabilitación que pesan sobre Junqueras, Romeva, Turull y Bassa consecuencia de sus respectivas condenas por malversación y desobediencia.

Además, la magistrada instructora del caso Tsunami Democràtic, Susana Polo, da traslado a las partes personadas para que en 10 días "informen sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma" a los distintos hechos que en la presente causa se atribuyen a Puigdemont y al diputado electo de ERC Rubén Wagensberg".