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El juez del caso Koldo, Ismael Moreno, toma este lunes declaración como testigo al director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez, en relación a la adjudicación de un contrato de compra de mascarillas a Soluciones de Gestión por 3,4 millones de euros.

El nombre de este alto cargo del Ministerio del Interior salió en la declaración que prestó el que era subsecretario de la Secretaría de Estado de Seguridad en el momento de los hechos, Daniel Belmar, quien dijo que Rodríguez, conocido como Lenin, le indicó que se pusiera en contacto con Soluciones de Gestión.

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Como hizo en la comisión de investigación abierta en el Senado en torno a estas contrataciones, este comisario jubilado explicó al juez que Rodríguez fue quien le indicó que se pusiera en contacto con Soluciones de Gestión, la empresa de la trama de las mascarillas, y le dio el número de Íñigo Rotaeche, un directivo de esta empresa investigado en la Audiencia Nacional.

También está previsto que este lunes comparezcan como testigos dos inspectoras que participaron en la auditoría encargada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre los contratos adjudicados por entidades dependientes de su departamento.

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El ex director general de Gestión de Personas de Adif Michaux Miranda calificó esa auditoría de "despropósito" cuando declaró como imputado el mes pasado y señaló a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera como la persona que le proporcionó el contacto de Soluciones de Gestión, a la que el organismo público adjudicó un lote de mascarillas por 12,5 millones de euros.

La próxima semana, el 21 de octubre, será el turno de otros testigos que han sido citados por el juez: el jefe de Presupuestos y Contratación del Ministerio de Transportes en el momento de las adjudicaciones y al ex secretario general de Correos.

Con sus declaraciones y la del presidente de la empresa Raminatrans, que distribuyó parte de la mercancía adquirida, el juez ahondará en la falta de justificación de la recepción de las mascarillas que adjudicó Puertos del Estado y Adif