El pueblo en el que nadie quiere ser alcalde para no tener que pagar una multa

El Ayuntamiento de Alburquerque (Badajoz) afronta este jueves un pleno extraordinario para eligir al que sería el tercer alcalde de esta legislatura, y para el que a 24 horas de celebrarse no hay candidato, pues el elegido se enfrenta a una sentencia que obliga a quien ostenta este cargo a pagar una multa de 1.000 euros cada 20 días.

"Nadie querrá ser alcalde", auguraba este martes el presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, cuya entidad, ante "la situación caótica del consistorio -dijo- como consecuencia de una gestión desastrosa e irresponsable" a lo largo de muchos años, ha propuesto poner el dinero, unos 40.000 euros, para solventar el problema del contencioso judicial.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), en el marco de un contencioso iniciado por una vecina y que se prolonga desde hace más de 15 años, obliga al Ayuntamiento a reparar un inmueble cuyo coste es de 40.000 euros.

Una deuda de 15 millones

Como el consistorio no tiene efectivo, el TSJEx dictaminó que la persona que ostenta el cargo de alcalde debe pagar una multa de 1.000 euros cada 20 días. Esta carga fue el desencadenante para que el hasta hace poco alcalde del municipio, Manuel Gutiérrez (Independientes Por Alburquerque), anunciara su dimisión.

Cuando Gutiérrez llegó a la Alcaldía de este municipio en mayo de 2022, se encontró con una fotografía económica de una deuda de unos 15 millones de euros, el triple del presupuesto de un solo ejercicio.

El remanente negativo era de casi dos millones de euros, alrededor de seis millones de euros de deuda financiera y algo más de 4,5 millones de euros en impagos a la Seguridad Social, además de un historial de impagos a los trabajadores.

Un ejemplo claro de todo ello, entre otros muchos, es que durante ocho meses del pasado año no hubo Policía Local en el municipio, de algo más de 5.300 habitantes, ante la imposibilidad del consistorio de atender las condiciones laborales de los agentes.

Bien es cierto que el alcalde de IPAL, que no cobraba sueldo alguno, inició acuerdos de pagos con Hacienda y la Seguridad Social, y se retomaron algunos pagos a proveedores y trabajadores, pero la sentencia de la vivienda colmó el vaso.

"No puedo perjudicar mi patrimonio personal ni el de mi familia", afirmó Gutiérrez en su dimisión.

La vara de mando pasó en funciones el pasado 27 de enero al socialista Juan Carlos Prieto (PSOE), quien, días después de asumir este cargo, recibió el ofrecimiento de la Diputación de Badajoz para asumir el coste de los 40.000 euros de la sentencia.

"¿Por qué ha habido que esperar a que un edil socialista llegara a la Alcaldía para que la Diputación tendiera la mano?", se preguntan desde el PP. También en las filas del PSOE ha habido movimiento, pues uno de los tres ediles, Jesús Martín Chaves, ha anunciado esta semana que abandonaba el partido.

La alcaldesa expulsada

En el caso de que nadie se postule como candidato a la Alcaldía en el pleno extraordinario de este jueves, una comisión gestora tutelada por la Diputación de Badajoz podría hacerse cargo de la gestión del Ayuntamiento hasta las elecciones del 28 de mayo.

Si finalmente alguien da el paso, sería el tercer alcalde de esta legislatura, la cual se inició con la socialista Marisa Murillo. Las críticas a su gestión, muy especialmente por la deuda, obligaron al propio PSOE a expulsarla.

Ella y el resto de ediles del Gobierno local, a excepción de Prieto, pasaron a ser no adscritos y otros se fueron. En mayo de 2022, los ediles de IPAL y del PSOE presentaron una moción de censura a Murillo, la cual dio paso a Gutiérrez.