Entra en vigor el copago farmacéutico hospitalario

Hoy, 1 de octubre, entra en vigor el nuevo copago de medicamentos que tendrán que afrontar los pacientes no ingresados cuando se les dispensen ciertos fármacos desde las boticas hospitalarias, una medida criticada por enfermos, profesionales sanitarios, partidos políticos y sindicatos, que ni siquiera todas las CCAA quieren aplicar y que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha anunciado ya que recurrirá.

La decisión gubernamental figura en una resolución de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del pasado 10 de septiembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el día 19 del mismo mes, y establece que el paciente deberá abonar el 10% del precio del medicamento, siempre que no supere 4,2 euros, que es el máximo que pagará el enfermo.

Este copago, que se publicaba el jueves 19 de septiembre el Boletín Oficial del Estado (BOE), ya se anunció hace unos meses y viene motivado por la necesidad de que todas las CCAA, "que son las que lo tienen que ponerla en vigor", utilicen la asignación de aportación reducida para estos fármacos, señalaban en su momento fuentes de Sanidad.

"Se ha comprobado que no todos los fármacos dispensados tenían esta consideración y antes de que las CCAA lo pongan en vigor el Ministerio de Sanidad lo que hace es asegurarse que todos los medicamentos serán de aportación reducida", han añadido.

En total son 157 presentaciones farmacológicas de poco más de 50 medicamentos destinados a procesos crónicos o graves --oncológicos, hepatitis, reprodución asistida, la artritis reumatoide o degeneración macular, entre otros-- que, hasta ahora, estaban exentos de pago.

Estos medicamentos, según señalan desde Sanidad, "cumplen con las condiciones para ser considerados de aportación reducida, al tratarse de medicamentos de elección en el tratamiento de enfermedades graves o crónicas, y estando limitada su dispensación, en el ámbito del SNS, a los pacientes no hospitalizados en los servicios de farmacia de los hospitales".

La aportación del usuario a dichos medicamentos, que estaban exentos del copago, será de un 10 por ciento del PVP del medicamento, con un máximo actualmente fijado en 4,20 euros, de acuerdo a la Resolución de 21 de enero de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.

"Esto significa que si el medicamento cuesta 30 euros la aportación será de 3 euros, pero si el medicamento cuesta 100 euros la aportación no será más de 4,20 euros porque ese es el tope", explicaban.

La medida afecta a fármacos destinados a procesos crónicos o graves -como varios tipos de cáncer, VIH o hepatitis C- que requieren control médico y que, hasta ahora, estaban exentos de pago.

CCAA

Aunque el precepto es de obligado cumplimiento para todas las autonomías, varias han dicho que no lo pondrán en marcha este 1 de octubre, bien por no disponer de medios para ello, bien por estar en contra de su aplicación.

Así, Asturias, Aragón, Comunidad Valenciana y Extremadura se han unido a País Vasco, Castilla y León, Canarias y Andalucía, que ya la semana pasada anunciaron que no implementarían este nuevo copago, necesario, según la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público.

En concreto, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón y Extremadura han alegado razones logísticas para no aplicar la medida, mientras que Asturias, País Vasco, Canarias y Andalucía han argumentado que, simplemente, se oponen a ella. Algo similar le ocurre a la Comunidad Foral de Navarra, que está en contra de este copago y que, por eso, se ha propuesto buscar alternativas.

PROFESIONALES Y PACIENTES

Tampoco los boticarios de los hospitales ven sentido a la iniciativa, como ha manifestado la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (Sefh), que la considera "injustificada", ya que, argumenta, reducirá menos del 0,1% de la factura del gasto de medicamentos en los hospitales y que, sin embargo, requerirá de un coste muy alto para su puesta en marcha.

"Injustificado" para las boticas de los hospitales e "injusto" para el sindicato de enfermería (Satse), el nuevo copago "puede repercutir negativamente", a juicio de este último colectivo, "en el proceso de cuidado y tratamiento de los afectados".

Satse entiende que cobrar por estos fármacos para enfermedades "como el cáncer, la esclerosis múltiple o la hepatitis C" no va a cumplir ninguno de los dos principales objetivos que se le supone, es decir, el recaudatorio y el de racionalización en su uso.

Y así lo ven también los enfermos de cáncer, que están "preocupados" por el alcance que puede tener la disposición para ellos, ya que afecta a medicamentos indicados para varios procesos oncológicos.

La Asociación Española contra el Cáncer (Aecc) recuerda que solicitó ya hace tiempo al Gobierno que dejara fuera de las medidas de ajuste a los pacientes graves, como son los que tienen cáncer, una sugerencia que, de momento, el Ejecutivo no ha atendido.

En la misma línea que la Aecc se pronuncian los padres de niños con cáncer, que piden que sus hijos queden exentos del copago sanitario, tal y como ha declarado la entidad que los agrupa, la Federación Española de padres de Niños con Cáncer.

EL CERMI RECURRIRÁ

Otro colectivo que se ha opuesto "frontalmente" a este copago es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que ha anunciado incluso que lo recurrirá administrativamente, tanto por motivos formales como por razones de fondo.

La plataforma representativa de los ciudadanos con discapacidad en España ha explicado que entre los motivos de forma existentes para recurrir la medida figura el hecho de que no se haya sometido a trámite de audiencia, como obliga la legislación vigente, de los sectores sociales concernidos por la decisión.

Entre estos sectores, ha detallado el comité, está el de las personas con discapacidad y sus familias, "que en muchos casos son usuarios de esta prestación", por lo que procedería declarar la medida "nula".

"En cuanto a los motivos de fondo", según esta plataforma, "más allá de la búsqueda ávida de ahorros económicos para el sistema que es el único que cabría esgrimir, el Cermi considera que la decisión sorpresiva de Sanidad lesiona el derecho de los pacientes con discapacidad a una atención sanitaria de calidad, consagrada en el artículo 25 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por España".

PARTIDOS Y SINDICATOS

Finalmente, la resolución que establece este copago no ha gustado tampoco a la oposición ni a sindicatos como UGT, que han considerado que la decisión supondrá una nueva "penalización" para los ciudadanos.

En la misma línea que la Unión General de Trabajadores se ha pronunciado el Partido Socialista, que sostiene que la medida es una muestra más de que el Gobierno "se ceba con los enfermos, castigando y empobreciendo a los más vulnerables" y que, por ello, debe costarle la dimisión de su titular de Sanidad, Ana Mato.

El PSOE ha registrado además una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, en la que insta al Gobierno a que "deje sin efecto" la resolución que este copago.

CiU no se ha mostrado tan tajante como los socialistas, pero sí ha pedido la comparecencia urgente de la ministra, a quien ha acusado, además, de haber implantado el nuevo copago "por la puerta de atrás", ya que lo recogió el BOE justo al día siguiente de que Mato compareciera en el Congreso de los Diputados, donde ni siquiera mencionó el tema.