La medida ha cumplido ya sus primeras ocho horas y media en vigor, en las autovías y autopistas los automovilistas la conocen en una abrumadora mayoría y en términos similares la rechazan. Dos organizaciones han recurrido ya en el Tribunal Supremo el Decreto que establece el límite máximo en 110 por hora. Hasta esta misma madrugada, se ha trabajado para sustituir las señales.
Así, e Ministerio de Fomento asegura que el operativo especial desarrollado para cambiar todas las señales de tráfico se ha cumplido en su totalidad y cumpliendo con el presupuesto fijado de 250.000 euros.
Según informaron del departamento que dirige José Blanco, la operativa ha transcurrido "con toda normalidad y según los previsto".
Para ello, se ha necesitado la labor de 1.500 operarios y de unos 500 vehículos que han recorrido las carreteras españolas para cambiar las señales.
En total, Fomento cifra en 6.150 las señales modificadas para adaptarse a la nueva norma, mientras que los operarios han recorrido unos 8.800 kilómetros de carreteras y 2.500 kilómetros de autopistas.
Mientras tanto, desde el Sindicato Guardia Civil se denuncia la extensión de presiones a agentes de seguridad ciudadana para que aumenten las multas. Así, la Unión de Guardias Civiles asegura que las presiones que reciben los agentes de tráfico para que aumenten el número de denuncias con fines recaudatorios se extiende en la actualidad a los puestos de seguridad ciudadana, los que están "más próximos al ciudadano", en núcleos urbanos de pequeño tamaño.
Según ha censurado en rueda de prensa el secretario general de la Unión de Guardias Civiles, Manuel Mato Vázquez, y a preguntas de los periodistas sobre la medida que entra en vigor este lunes, día 7 de marzo, la medida es "tomadura de pelo". "Se trata de recaudar, y punto", ha remachado. Así, ha reprochado que, después de 20 años en los que "se mejoró" la calidad de carreteras y motores y "hay más controles", se vuelva a disminuir la velocidad en defensa de que "es más seguro". "Para eso, que digan que hay que circular a 100, a 90, o en caballo", ha ironizado.
En esta línea, ha reiterado que, al igual que en el caso de los puestos de seguridad ciudadana, "lo que interesan son las denuncias de tráfico" y ha augurado que, lo que no recauden los agentes, "lo harán los radares".
Por su parte, varias organizaciones han presentado ante el Supremo un recurso. La organización DVuelta y la plataforma ciudadana Movimiento 140 han presentado un recurso contencioso administrativo contra el Decreto que establece el límite de velocidad de 110 km/h en autovías y autopistas.
En una nota acompañada del recurso, ambas organizaciones, explican que con el recurso se pide que se suspenda de manera urgente la vigencia de la norma, al tiempo que asegura que el Tribunal Supremo se tendrá que pronunciar con carácter de urgencia sobre la suspensión de la aplicación del nuevo límite.
Según denuncian, el Real Decreto es contrario, se argumenta en el recurso, a la Ley de Tráfico por cuanto fija con carácter general un límite de velocidad sin atender a los únicos criterios que el Gobierno puede tener en cuenta a tenor de la citada norma: la seguridad vial, como obliga la Ley de Seguridad Vial.
El ahorro energético no puede constituir la causa de reducción de los límites de velocidad a tenor de la Ley de Seguridad Vial, puesto que tal particularidad no aparece recogida en ninguno de los artículos que contienen.
DVuelta aconseja recurrir todas las sanciones impuestas por sobrepasar el límite de 110, ya que este límite no encuentra acomodo en la ley, por lo que todas las multas deberán ser anuladas por los Tribunales en caso de que se aprecie dicha ilegalidad.
Por otra parte, la Plataforma Ciudadana Movimiento 140, que ha recabado hasta hoy casi 27.000 firmas contra la reducción de límites de velocidad, ha convocado para el próximo domingo 13 de marzo, entre las 11 y las 13 horas, en la Puerta del Sol de Madrid con el lema: "No a los 110. Contra la represión a los conductores".
