El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha empezado ya a diseñar cómo será el futuro Ingreso Mínimo Vital, que consistirá en una prestación de la Seguridad Social al que luego las comunidades autónomas "podrán añadir complementos". Así lo anunció este jueves el titular del departamento, José Luis Escrivá, durante su comparecencia ante la comisión del Congreso de los Diputados para explicar sus líneas de actuación.
Su implantación, actualmente en estudio será gradual y su propósito será "contribuir a la inclusión de todos aquellos que, por diversas razones, sufren una vulnerabilidad mayor y se han ido quedando atrás".
"Las comunidades autónomas deberán coordinarse para evitar solapamientos", declaró, y "podrán completar este ingreso mínimo "en cuanto a beneficiarios o fondos disponibles".
La Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión se ocupará de diseñarlo, indicó Escrivá, que añadió que "lo más importante es tener un buen diseño en cuanto a los colectivos a los que se dirige, los itinerarios de inclusión, sus beneficiarios, etc. y, por supuesto, las aportaciones, que deberán ser suficientes".
Escrivá señaló que este Ingreso Mínimo Vital tendrá que coordinarse con las demás prestaciones que ofrece la Administración General del Estado, tanto a través de la Seguridad Social como de los Servicios Públicos de Empleo, así como con los sistemas de rentas mínimas de las comunidades autónomas y con las ayudas que a veces también prestan los ayuntamientos. "En España existe un sistema muy complejo", señaló y se trata de reestructurar todo el sistema de prestaciones, para conseguir que su impacto en cuanto a redistribución de la renta "sea mucho más eficaz", precisó.
La Seguridad Social es solvente
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha abogado además por fomentar "incentivos positivos" que retrasen la edad real de jubilación, que está por debajo de la edad legal de 67 años que se estableció en la reforma de 2011 y que estará plenamente en vigor en 2027.
Durante su comparecencia en comisión del Congreso, el ministro ha incidido en que la Seguridad Social es solvente y parte de una situación sólida, aunque ha reconocido que a partir de 2050 se generará un mayor incremento del gasto consecuencia de la jubilación de los nacidos en la década de los 60 ("baby boomers").
El Ministerio asume los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), según los cuales el gasto en pensiones crecerá en 3 puntos de PIB en 25 años, un incremento que Escrivá cree que es "manejable y abordable".
Según ha explicado, existen incentivos que no se han explotado lo suficiente, que permitirían abordar el problema de gasto de medio plazo "con resultados tangibles" y que provocarían que la edad de jubilación efectiva se acerque a la legal. "Esto es lo realista", ha dicho el ministro, que no ha querido precisar más a la espera de su próxima comparecencia la semana que viene ante la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo.
En su opinión, el Pacto de Toledo es el que tiene que devolver la certidumbre a los pensionistas, en un momento en que hay un nivel de inquietud que se sitúa en niveles máximos desde una perspectiva histórica. Por ello, el objetivo del Ministerio pasa por recuperar el consenso en el Pacto de Toledo y por contar "a partir del año que viene" con un marco legal estable.
