España empata con Bostwana y Cabo Verde en percepción de la corrupción

La ONG Transparencia Internacional, organización dedicada a medir e investigar la corrupción global en el sector público, ha advertido este martes de la "incapacidad" de España para generar "órganos independientes de control" del poder.

Así se ha puesto de manifiesto en la presentación del informe que esta organización elabora anualmente y que concluye que el grado de percepción de la corrupción en este país ha empeorado por segundo año consecutivo al caer un punto respecto a 2021.

En concreto, España obtiene 60 puntos sobre 100, ocupa el puesto 35 entre los 180 países que se integran en esta clasificación mundial, junto con Botswana, Cabo Verde y San Vicente y las Granadinas, y se mantiene en el 14 entre los 27 estados miembros de la UE, dos puntos por debajo de Portugal y Lituania (62/100).

"Si seguimos intentando controlar la acción del Ejecutivo, directa o indirectamente poniendo a gente de nuestro partido, esto no va a funcionar adecuadamente"

La presidenta de Transparencia Internacional, Silvina Bacigalupo, ha atribuido estos datos a que España no ha mejorado por la falta de reformas estructurales e institucionales que necesita el país y que todavía están pendientes.

El profesor Manuel Villoria, que forma parte también del comité de dirección de esta organización, ha lamentado, en base a este informe elaborado con opiniones de expertos, que España no consiga avanzar "seriamente" en la lucha contra la corrupción en el sector público.

Control del poder y malversación

Y ha defendido la necesidad de crear "instituciones autónomas e independientes que controlen al poder", tras advertir de que "si seguimos intentando controlar la acción del Ejecutivo, directa o indirectamente poniendo a gente de nuestro partido, esto no va a funcionar adecuadamente".

"Los propios partidos se matan por controlar las instituciones"

En concreto se ha referido a que "los propios partidos se matan por controlar las instituciones", en alusión a la "pelea" que han mantenido por el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.

Por otra parte, Villoria se ha referido a la decisión del Gobierno de modificar el tipo penal de la malversación, para subrayar que "dificulta más" la lucha contra este tipo de "despilfarro y acciones" porque "aunque no conlleve un beneficio directo, sí genera un daño al patrimonio público".

También ha hablado de los fondos Next Generation para señalar que se toman medidas cuando viene la UE y "nos pone deberes", entonces, en este caso, "cambiamos un poco y se introducen medidas para que no se paralice la entrega de esos fondos", ha lamentado Villoria.

"Modificar el tipo penal de la malversación dificulta más la lucha contra este tipo de despilfarro y acciones"

Este informe mide en concreto el índice de soborno, desvios de fondos públicos, malversación, el uso el cargo para beneficio privado y la forma de acceso a la función pública, entre otros aspectos.