La delegación española encabezada por el ministro de Industria, José Manuel Soria, que este jueves se reunió en Bruselas con el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, no logró una solución para el sector naval, pero se declaró dispuesta a seguir trabajando hasta el próximo día 17 de julio.
Almunia insistió en que las ayudas que recibieron los astilleros entre 2005 y 2011 fueron "ilegales" y tendrán que ser devueltas al Estado español, mientras que los representantes españoles solicitaron que la recuperación sólo se exija desde 2011, cuando la Comisión Europea (CE) abrió el expediente, ya que alegan que antes no sabían que fueran incompatibles con el mercado común.
El comisario argumenta que el sistema español siguió funcionando a pesar de que el mismo tipo de ayudas fueron declaradas incompatibles en Francia en 2006, y recordó que ya ha flexibilizado su posición durante los últimos días.
Almunia en un primer momento planteó que de los tres actores implicados en la construcción naval -astilleros, armadores e inversores- sólo los dos últimos tuvieran que devolver las ayudas recibidas, pero en su nueva propuesta ofrece excluir también a los armadores.
A ESPAÑA LE PARECE INSUFICIENTE
España considera insuficiente esta flexibilidad y asegura que si no se logra una solución mejor se producirá un daño "irreversible e irreparable" para el sector y la industria, tanto en el país como en la Unión Europea, porque se sentará un precedente que animará a los constructores a marcharse a países como Corea y China.
"El hecho de que no tengan que devolver ni los armadores ni los astilleros supone que los que tengan que devolver son los inversores, que son los que financian", explicó Soria, al tiempo que apuntó a que en ese caso nadie financiará la construcción de un barco en España.
El ministro explicó que de todos los argumentos jurídicos conocidos existe uno adicional que es la "total inacción por parte de la CE" desde 2002, en que se inicia este sistema de ayudas, hasta 2011.
"Nunca nadie dijo nada en contra del sistema de ayudas", aseguró, al tiempo que recordó que la que fuera comisaria europea de Competencia en 2009, Neelie Kroes, dirigió una carta a Noruega que se interesó por el sistema español, en la que aseguraba que era "plenamente compatible con las normas de la competencia en Europa".
Soria tras entrevistarse con Almunia mantuvo un breve encuentro con Kroes, vicepresidenta del Ejecutivo comunitario y responsable de la Agenda Digital.
"Esperamos que antes del 17 de julio haya una reconsideración", concluyó Soria.
El ministro de Industria confirmó que la decisión de la CE podría referirse a un total de más de 2.000 millones de euros si finalmente se toma como referencia el periodo 2005-2011, pero aclaró que la cantidad sería inferior a los 1.000 millones si se parte de 2011.
LLEVARÍA AL CIERRE DE TODAS LAS EMPRESAS
España afirma que una medida de este calado podría llevar al cierre de todas las empresas del sector y provocar la desaparición de 87.000 empleos.
Junto a Soria estuvieron el lehendakari Íñigo Urkullu y los presidentes de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y de Asturias, Javier Fernández, así como los secretarios generales de los sindicatos UGT, Cándido Méndez, y CCOO, Ignacio Fernández Toxo; y el presidente de Pymar, la sociedad que agrupa a los 19 astilleros privados españoles, Álvaro Platero.
Todos coincidieron en pedir la intervención del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante Bruselas para defender al naval español y apuntaron a contactos con otros comisarios europeos más allá de Almunia como siguiente paso en la negociación.
"Hacemos una apelación al presidente del Gobierno español en este sentido para que se pronuncie ante el colegio de comisarios y especialmente ante el presidente de la Comisión Europea (José Manuel Durao Barroso", señaló Urkullu.
Feijóo consideró que la nueva flexibilidad ofrecida por Bruselas "va en la buena dirección", pero todavía "no arregla el problema".
Fernández constató que el "el riesgo de colapso de los astilleros" continúa y confió en que se introduzcan cambios.
Desde CCOO, Toxo afirmó que "los argumentos que se han expresado por la unanimidad de la delegación española son sólidos", mientras que no ha visto la misma seguridad en los expresados por Almunia.
Méndez aseguró que dejar fuera de la decisión a los astilleros y armadores "condenaría igualmente a la desaparición de 87.000 puestos de trabajo en el sector de astilleros en nuestro país".
