La Fiscalía se ha querellado hoy contra el presidente catalán, Artur Mas, su vicepresidenta, Joana Ortega, y su consellera Irene Rigau, a los que acusa de desobediencia grave, prevaricación, usurpación de funciones y malversación por "sobreponer su visión partidista" a la suspensión del 9N ordenada por el Constitucional.
Tras aplazarse casi dos semanas por discrepancias entre la Fiscalía de Cataluña y la Fiscalía General del Estado, la querella se ha interpuesto finalmente este mediodía ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que la próxima semana tiene previsto elegir al tribunal que estudiará su admisión a trámite.
La querella, que entre otras diligencias pide la declaración como imputados de Mas, Ortega y Rigau, plantea cuatro delitos por las posibles responsabilidades penales derivadas del 9N que, como máximo, podrían acarrear para cada uno de ellos condenas de hasta un año de cárcel y diez de inhabilitación especial para cargo público.
El escrito, redactado por la Fiscalía General del Estado y que firma el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, pese a sus iniciales reticencias, acusa a los querellados de "sobreponer la propia visión partidista de la realidad sobre el deber de ejercer sus atribuciones administrativas de manera objetiva y conforme a derecho".
La Fiscalía reprocha a los miembros del Gobierno catalán la "intrínseca arbitrariedad" de su conducta, por negarse "abiertamente a dar el debido cumplimiento a una resolución judicial emanada del máximo intérprete de la Constitución".
El ministerio público recuerda que la consulta del 9N fue "planificada, auspiciada y financiada" por la Generalitat pese a que el Tribunal Constitucional la suspendió en una orden que, a su parecer, "no dejaba margen a la duda".
Es más, el fiscal cree que el 9N "no fue sino la realización, por otros medios, del designio original de celebrar una consulta de naturaleza materialmente refrendaria igualmente suspendida por el Tribunal Constitucional", como lo demuestra que Artur Mas puso en marcha un proceso de participación ciudadana "desarrollado con la estructura de urnas, mesas y papeletas característica de los procesos electorales".
MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS
Además, la Fiscalía cree que el Gobierno catalán malversó dinero público en la organización del 9N por los gastos que la consulta implicó en movilizar a casi 7.000 mossos d'esquadra, distribuir propaganda electoral y mantener la web que informaba del proceso, entre otras partidas.
También recrimina al Ejecutivo de Mas que haya "urgido" a presos catalanes a confeccionar las urnas y las papeletas que sirvieron para la consulta del 9N, con jornadas "voluntarias" de doce horas de trabajo, incluso en sábados y domingos, en el Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) de la cárcel Ponent de Lleida.
Para la Fiscalía, también tiene relevancia penal que la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, convocara de forma "oficiosa" a directores de institutos a varias reuniones para solicitarles verbalmente que colaboraran con el proceso cediendo los locales de sus centros a fin de que se instalaran las mesas electorales.
En opinión del ministerio público, las resoluciones del Tribunal Constitucional constituyen "una orden absoluta, tajante e inequívoca" y el incumplimiento de la misma, "consumado en el curso de la jornada de votación del 9 de noviembre, y en las actuaciones preparatorias del mismo, ha lesionado de manera efectiva otro bien jurídico: la integridad de la jurisdicción del TC y la eficacia de su tutela cautelar del orden constitucional".
"Pese al conocimiento de que el Tribunal Constitucional había decretado la suspensión, los querellados en abierta y franca oposición llevan hasta el final el acto suspendido", añade el escrito, que recuerda las "reveladoras" palabras pronunciadas por Mas el 9N: "si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios que me miren a mí, el responsable soy yo y mi gobierno".
Una vez registrada la querella, la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña elegirá probablemente en sus reuniones de la semana próxima la sala de admisiones que deberá decidir si la acepta a trámite, un tribunal integrado por el presidente de la institución, Miguel Ángel Gimeno, y otros dos magistrados que serán designados por sorteo.
La presentación de la querella zanja dos semanas de debate en el seno del ministerio público, por las reticencias de la Fiscalía Superior de Cataluña a actuar contra Mas por desobediencia. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, convocó el miércoles a la Junta de Fiscales de Sala, que acabó avalando su propuesta de querella, aunque con diferencias sobre acusados y delitos.
SÁENZ DE SANTAMARÍA: PODEMOS HACER POLÍTICA PERO HAY QUE HACERLA EN EL MARCO DE LA LEY
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha respondido a las críticas por una supuesta "judicialización" de las relaciones del Estado con Cataluña que cumplir la ley no entra en contradicción con hacer política, porque es la ley la que garantiza las libertades.
"Todos podemos hacer política pero hay que hacerla en el marco de la ley. La ley no es ni más ni menos que la voluntad política de los ciudadanos y al menos este Gobierno no se considera por encima de la voluntad política de los ciudadanos", ha alertado.
A su juicio, algunos consideran las leyes como un límite, cuando en realidad son el marco de actuación en un Estado de derecho.
Sobre la querella presentada hoy contra el presidente catalán, Artur Mas, por la celebración del 9N, tanto la vicepresidenta como el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, han expresado su respeto a la autonomía de la Fiscalía, que actúa con principios de "imparcialidad, legalidad y dependencia jerárquica".
Fernández Díaz ha dicho estar "totalmente de acuerdo" con la querella, mientras que Sáenz de Santamaría ha dejado claro que por su parte nunca se oirá una instrucción o una petición de actuación a este órgano.
Sáenz de Santamaría ha informado de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no tiene previsto mantener ninguna reunión con Mas, pero ha precisado que eso no quiere decir que no haya "asistencia, presencia y reunión del Gobierno y de su presidente con los catalanes, que tienen -ha dicho- tanto o más derecho que el señor Mas de saber todo lo que está haciendo para mejorar su vida".
El Gobierno, según ha explicado, representa a los ciudadanos de toda España y asume esa responsabilidad e intenta hacerlo "dentro de un marco de máxima lealtad".
