La Fiscalía denuncia a los controladores por un delito de sedición, castigado con penas de cárcel

La Fiscalía de Madrid ya ha presentado en los Juzgados de la plaza de Castilla una denuncia por sedición contra los controladores de Barajas y de Torrejón de Ardoz que los pasados días 3 y 4 no acudieron o se ausentaron de sus puestos de trabajo, según fuentes del Ministerio Público.

La acción de la Fiscalía, según las fuentes consultadas, no se dirige expresamente contra un número concreto de controladores, ni contra los 26 que fueron citados a declarar por la propia Fiscalía madrileña ni contra el total de los 175 que podían ser investigados, sino contra los controladores "en general".

La denuncia ha sido presentada en el Decanato de los Juzgados de Madrid, que la enviará a reparto, y en los próximos días se conocerá qué órgano judicial es el encargado de tramitar el procedimiento contra los controladores.

Hasta el momento, la única acción judicial contra los controladores por el delito de sedición es la querella interpuesta contra ellos por el sindicato Manos Limpias -sin representación en ningún centro de trabajo y dirigido por el ex responsable de Fuerza Nueva Miguel Bernad-, que ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid.

Si se considera que los hechos y los denunciados son los mismos, la denuncia de la Fiscalía podría corresponder a este mismo Juzgado.

EL DELITO

El delito que el fiscal imputa a los controladores también es el de sedición, previsto en el artículo 20 de la Ley de Navegación Aérea, que establece penas para los empleados de aeropuertos "que, en número suficiente para perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones en la aeronave o el aeropuerto, en actitud de protesta, desobediencia coactiva o represalia".

El Código Penal, en su artículo 545, fija que se impondrán penas de cuatro a ocho años de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por ese mismo tiempo a aquellos que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición. La Fiscalía ha denunciado a los controladores después de recibir un informe de AENA sobre los hechos ocurridos los pasados días 3 y 4, que se ha unido a los informes policiales que incluían una relación de los controladores que no acudieron a trabajar.

La investigación desarrollada hasta ahora por la Fiscalía se ha basado fundamentalmente en el contenido de esos informes, ya que los 26 controladores citados por el Ministerio Público en la Audiencia Provincial de Madrid los pasados días 9, 10 y 13 se acogieron a su derecho a no declarar.

En la querella de Manos Limpias se señala que los hechos motivo de la querella causaron "daños de todo tipo" a más de 300.000 pasajeros y, entre otras, a empresas que operan en los aeropuertos como son las de hostelería, por lo que fija inicialmente la responsabilidad civil en cien millones de euros.

Los Juzgados de Madrid serán también previsiblemente los encargados de instruir las denuncias que las asociaciones de empresarios y organizaciones de consumidores como OCU y FACUA han interpuesto contra los controladores por los perjuicios económicos causados por su postura, después de que la Audiencia Nacional se haya declarado incompetente para tramitarlas.

UNAS 150 NOTARÍAS COORDINARÁN LA DEMANDA COLECTIVA DE LOS AFECTADOS

La Agrupación de Afectados por el cierre del espacio aéreo, ocasionado por los controladores el pasado 3 y 4 de diciembre, y el despacho que la asesora, Cremades & Calvo-Sotelo, han coordinado la emisión de un mismo tipo de poder con más de 150 notarías de toda España para facilitar que los afectados puedan cumplimentar de manera unitaria el otorgamiento de los correspondientes poderes para pleitos.

Estos poderes son necesarios para que los abogados realicen las acciones legales que se consideren oportunas para alcanzar la indemnización pretendida por el colectivo, informó el despacho Cremades & Calvo-Sotelo. En concreto, esta agrupación de afectados solicita la devolución de los daños materiales sufridos y una indemnización global para cada uno de 10.000 euros.

Estas notarias habilitarán unas horas al día durante todo el mes de enero (únicamente los días laborables y en horario de oficina) para que cualquier afectado, que haya contactado previamente con la notaría, pueda otorgar ante notario el correspondiente poder para pleitos.

Será imprescindible que los afectados comparezcan en las notarías con su documento nacional de identidad vigente y que la representación de los menores de edad se acredite con el correspondiente Libro de Familia.

La agrupación ha puesto en marcha esta forma colectiva de otorgamiento de poderes para facilitar "un importante ahorro económico a los afectados", indicó el despacho. En cualquier caso, los afectados podrán acudir a cualquier otro notario español pidiendo que se otorgue un poder según el modelo tipo que se encuentra en la web de la agrupación y del despacho.

La selección geográfica de las notarías se ha elaborado en función de la procedencia de los afectados, con el fin de facilitar al máximo este trámite y que la mayoría de ellos pueda acudir a una notaría de su propia ciudad.

El mayor número de afectados se encuentra en las ciudades de Madrid, Barcelona, Tenerife, Sevilla, Mallorca, Málaga, Bilbao, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria y Zaragoza.

LA AUDIENCIA NACIONAL SE DECLARA INCOMPETENTE PARA INVESTIGAR A LOS CONTROLADORES

El juez Ismael Moreno ha asegurado hoy que la Audiencia Nacional no es competente para investigar las denuncias presentadas por la Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción (FACUA) y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra los controladores por el abandono de sus puestos de trabajo que desembocó en el cierre del espacio aéreo el pasado 3 de diciembre.

En un auto hecho público este miércoles el magistrado --en cuyo Juzgado recayeron las denuncias-- asegura que por este motivo no puede admitir a trámite ambas denuncias y las remite a la Fiscalía de Madrid que hoy mismo ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma a los trabajadores de las torres de control por un delito de sedición.

Ambas asociaciones habían denunciado en la Audiencia Nacional a la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y "a los responsables del abandono masivo de los controladores de su puesto de trabajo" por la comisión de delitos de sedición, abandono de destino, falsedad documental y coacciones.

La Fiscalía se pronunció el pasado 13 de diciembre en contra de la admisión a trámite de las denuncias alegando la "falta de competencia" de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos, ya que el tipo delictivo investigado "no tiene encaje" en los atribuidos a este tribunal en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en el se especifican las atribuciones del citado tribunal.