La Fiscalía se opone a los indultos de los condenados por el 'procés'

Los fiscales del juicio a los líderes del procés han enviado ya a la Sala Segunda del Tribunal Supremo los 12 informes en los que se oponen a la concesión del indulto a los líderes independentistas condenados por el 1-O y advierten de que un posible indulto no puede ser “moneda política de cambio”.

Los fiscales que llevaron la acusación en el juicio, Fidel Cadena, Jaime Moreno, Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal, se oponen a la concesión de la gracia por entender que no se dan los criterios de equidad, reinserción y reparación total del daño necesarios que la petición cuente con su respaldo.

Es más, recuerdan que es la propia Constitución la que veta que un Gobierno se autoconceda el indulto ante delitos de traición o contra la seguridad del Estado, mencionando expresamente que esa medida de gracia pueda “operar, lejos de los parámetros de justicia, como moneda política de cambio en el campo de las negociaciones para la obtención de apoyos parlamentarios".

Los fiscales descartan incluso la aplicación de un indulto parcial, ya sea “mediante la reducción de la pena de prisión, bien mediante su sustitución por inhabilitación, teniendo en cuenta la enorme gravedad de los hechos y la más que acreditada proporcionalidad de las penas impuestas".

Los cuatro fiscales del procés firman los 12 escritos remitidos a la Sala Segunda. Cada uno corresponde a uno de los condenados. Nueve de ellos lo fueron por sedición. Se trata del exvicrepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; los exconsellers Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa y Jordi Turull; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; y los líderes de ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Los tres restantes fueron condenados por desobediencia: Meritxell Borràs, Santi Vila y Carles Mundó.

Los representantes del ministerio público consideran que un indulto sería tanto como “vaciar de contenido la función jurisdiccional y el cumplimiento de las sentencias”, y supondría “una quiebra inadmisible en términos de legalidad democrática del principio de igualdad ante la ley al privilegiar injustificada y arbitrariamente al gobernante desleal y corrupto”.

Concluye la Fiscalía que “carece, pues, de justificación alguna la concesión del indulto que se solicita”. Los fiscales se muestran duros en sus escritos en los que llegan a decir que no alcanzan a comprender “las razones de justicia, equidad o utilidad pública que pueden esgrimirse para su otorgamiento”.

Para los fiscales que ejercieron la acusación durante cuatro meses de juicio intensivo hay que tener en cuenta que "aun cuando el tribunal haya considerado finalmente que los hechos cometidos no tuvieron suficiente eficacia lesiva para el orden constitucional, es lo cierto que el propio relato de hechos probados acredita un cierto desbordamiento de los contornos legales propios de la sedición y la incursión de los mismos en la ejecución de algunos de los elementos típicos de la rebelión".

El ministerio público sostuvo durante el juicio que los hechos que se atribuían a los líderes del procés eran constitutivos de un delito de rebelión, pero finalmente el tribunal les condenó por sedición.

Señalan, así, que el indulto está pensado para mitigar el rigor de las penas en casos “excepcionales” en los que la aplicación “estricta” de la ley suponga un castigo “desmedido y desproporcionado” o cuando ese perdón pueda contribuir al fin “resocializador o rehabilitador” del condenado.

En el escrito dedicado a Junqueras, los fiscales recuerdan su especial responsabilidad como vicepresidente del Govern e indican que en ningún momento ha asumido “su responsabilidad o ha exteriorizado su rechazo por el delito cometido”. Tampoco ha asumido el “carácter delictivo” de sus actos, “ni ha mostrado arrepentimiento alguno”.

"Falta de lealtad democrática"

Todo lo contrario, continúan los fiscales, los condenados han hecho gala de “una falta de lealtad democrática sin precedentes” y su actuación “se ha caracterizado por su rechazo a la legalidad constitucional y por la reiterada y contumaz deslegitimación de la actuación jurisdiccional, alegando su condición de presos políticos, denunciando que son objeto de persecución por sus ideas políticas y cuestionando la imparcialidad del poder judicial".

Por todo ello, los ficales sostienen que un indulto no sería más que “una lesión intensa a los valores afectados de convivencia democrática y orden constitucional” que representaría un perjuicio para “todos los españoles” y para los catalanes que creen en el modelo democrático de 1978.