El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha dicho en Zaragoza que se solicitarán penas de hasta ocho años de cárcel para los controladores aéreos que abandonaron su puesto de trabajo por un presunto delito de sedición. Así lo ha anunciado el fiscal general antes de presidir una reunión de la Junta de Fiscales en la capital aragonesa, en la que se ha incluido por vía de urgencia tratar el conflicto de los controladores aéreos y sus repercusiones penales.
Conde-Pumpido ha dicho que el abandono colectivo de un aeropuerto y la paralización del tráfico aéreo de un país, hechos protagonizados el pasado fin de semana por los controladores aéreos, suponen un delito "muy grave" sancionado con penas de entre tres y ocho años de prisión.
Además, ha apuntado que los hechos que pudieran cometerse a partir de las 13.00 horas del pasado sábado -cuando se decretó el estado de alarma- serían enjuiciados por la jurisdicción militar, algo que es "perfectamente constitucional".
En opinión del fiscal general, el conflicto protagonizado por los controladores no es un problema laboral, porque no se han utilizado las vías legales previstas en estos casos, sino que se ha producido un abandono del puesto de trabajo "premeditado", "concertado" y "colectivo", con un grave daño para los ciudadanos y para España.
Conde-Pumpido ha confirmado que hay más de 20 diligencias abiertas en las diversas fiscalías de las comunidades autónomas y más de 400 personas a las que se exigirá la correspondiente responsabilidad, por lo que en cada órgano judicial, donde exista un aeropuerto y se haya cometido un hecho delictivo "habrá que abrir un procedimiento".
"Aquí se ha cometido un delito de sedición en cada aeropuerto y es
o puede dar lugar a procedimientos distintos", ha precisado el fiscal general, quien ha comentado que "la coordinación" se va a hacer en la Junta de Fiscales para tratar de "establecer las reglas por las cuales el Ministerio Fiscal incoará los procedimientos y los trasladará después a los órganos judiciales correspondientes".
La ley prevé sanciones para todos los que han participado en el abandono de los aeropuertos, ya que todos ellos "han cometido un hecho delictivo", según Conde-Pumpido, quien ha reconocido que la ley establece "una sanción mayor" para los dirigentes.
A su juicio, la situación es similar al supuesto abandono de un hospital por parte de todos los médicos, dejando tirados a los enfermos, y la ley califica ese hecho "como delito de sedición", por lo que la Fiscalía va a poner a los responsables ante los órganos judiciales competentes tras las investigaciones preliminares que se están llevando a cabo en este momento.
Respecto al estado de alarma, ha considerado que está previsto en la Constitución para estados de emergencia, para resolver un problema que afecta a un gran número de ciudadanos, y en este caso existen cientos de miles de perjudicados y la paralización de un servicio público esencial, ha recordado. Por ello, ha insistido en que se trata de una medida que cumple los requisitos constitucionales, teniendo en cuenta que "no se han cumplido los servicios mínimos" y que se ha causado "una gran calamidad" y "una situación que puede ser trágica para una multitud de personas".
El estado de alarma se establece para quince días y la ley orgánica prevé para estos casos que se puede acordar la movilización de aquellos que tendrían que atender el servicio y no lo están atendiendo, ha dicho el fiscal, quien también ha hecho referencia al código penal militar, que se aplica a las personas que han sido movilizadas.
LOS CONTROLADORES ACUSADOS DE SEDICIÓN SE NIEGAN A DECLARAR EN LA AUDIENCIA
Los doce controladores aéreos citados esta mañana en calidad de denunciados en la Audiencia Provincial de Madrid para declarar ante la Fiscalía sobre su no presentación o abandono del puesto de trabajo entre la tarde del pasado viernes y la mañana del sábado se han acogido a su derecho a no declarar.
Así lo ha confirmado el fiscal jefe de la Audiencia madrileña, Eduardo Esteban, que ha explicado que los 26 controladores citados para este jueves fueron identificados por la Policía el viernes pasado por haber abandonado su lugar de trabajo y reunirse en el hotel Auditorium, cercano al aeropuerto de Barajas.
Los doce controladores, representados por distintos abogados, han alegado ante el Ministerio Público que se pensarán declarar cuando sean citados por el juez competente porque entienden que dada "la militarización y el estado de alarma no sería competente la jurisdicción ordinaria sino la militar", ha explicado el fiscal provincial. No obstante, la Fiscalía les ha aclarado que la competente es la jurisdicción ordinaria, ya que los hechos por los que iban a ser preguntados esta mañana eran los producidos entre la tarde del viernes y la mañana del sábado, antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma.
Esteban ha precisado que no se ha adoptado ninguna medida cautelar contra los controladores, como prisión provisional, ya que, según ha señalado, no se puede actuar con "finalidad coactiva" ante su derecho a no declarar. Si todos los citados siguen sin testificar, la Fiscalía seguirá su investigación sobre el caos aéreo, especialmente con la Policía, para poder saber lo que ocurrió realmente.
En el caso de entender que "se ha podido cometer un delito", Esteban ha explicado que los hechos se remitirán al Juzgado de Instrucción de Madrid para que los investigue y cite a las personas que hoy no han querido declarar.
Se pretende investigar a un total de 175 controladores en Madrid, seis de ellos mañana y otros ocho el lunes, aunque si continúan en la misma postura de no declarar se dejaría de citarlos para evitar dilaciones en la investigación, ha señalado Esteban.
Hasta el momento la Fiscalía no ha denunciado a los controladores, aunque sí tiene constancia de que algunos afectados lo han hecho ante un Juzgado, ha resaltado el fiscal jefe madrileño, que ha subrayado que en caso de admitirse a trámite "cambiaría el estado de las cosas" porque el Ministerio Público no podría seguir "una investigación paralela" a la de un juez.
Esteban ha negado a los periodistas que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, le haya llamado hoy para darle instrucciones sobre los delitos de los que acusar a los controladores y ha subrayado que "no se puede sugerir una pena cuando aún no se ha iniciado la investigación".
SEDICION MILITAR
Este delito viene recogido en el artículo 91 del citado Código en el que se establece "los militares que, mediante concierto expreso o tácito, en número de cuatro o más o que, sin llegar a este número, constituyan al menos la mitad de una fuerza, dotación o tripulación, rehusaren obedecer las órdenes legítimas recibidas, incumplieren los demás deberes del servicio o amenazaren, ofendieren o ultrajaren a un superior, serán castigados con la pena de uno a diez años de prisión, cuando se trate de los meros ejecutores, y con la de dos a quince cuando se trate de los promotores, del cabecilla que se ponga al frente de la sedición y, en todos los casos, si se trata de oficiales o de suboficiales".
"Si los hechos tuvieren lugar en situación de peligro para la seguridad del buque o aeronave, frente a rebeldes o sediciosos, acudiendo a las armas o agrediendo a superior, las penas serán de diez a veinte años de prisión Para los meros ejecutores y de diez a veinticinco para los promotores, el cabecilla y, en todos los casos, para los oficiales y suboficiales", añade el precepto.
"Si le causare la muerte o lesiones al menos graves a un superior, se impondrá la pena de quince a veinticinco años de prisión a los promotores y demás responsables aludidos en el párrafo anterior, y de diez a veinticinco años a los meros ejecutores", agrega.
