La Fiscalía pedirá este lunes a la Audiencia Nacional que condene a penas de cinco años de prisión a los cuatro autores de los tartazos a la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, Yolanda Barcina, en octubre de 2011 en un acto celebrado en la ciudad francesa de Toulouse.
El Ministerio Fiscal acusa a Gorka Ovejero, Julio Martin Villanueva, Ibón García y Mikel Álvarez de un delito de atentado contra la autoridad y solicita además una multa de 90 euros para cada uno de ellos. El juicio será celebrado por la Sección Primera de lo Penal en la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares (Madrid).
La fiscal encargada del caso, Blanca Rodríguez, sostiene en su escrito de acusación que en octubre de 2011, durante el Consejo Plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, en el que participaban España, Andorra y Francia, los acusados, sobre las 16.30 horas, lanzaron varias tartas a Yolanda Barcina, quien se encontraba en el acto como presidenta de la Comisión Transpirenaica.
Barcina, en su declaración ante el juez Santiago Pedraz en noviembre de 2011, aseguró que los tartazos le hiceron daño debido a la consistencia "del merengue francés". Durante la comparecencia, que duró unos pocos minutos, Barcina relató cómo se produjo la agresión y explicó que tras recibir el impacto de las tartas dejó de ver y tuvo que ser evacuada del salón en el que se celebraba la reunión.
ATAQUE PLANIFICADO
La fiscal señala que ocho personas, perfectamente coordinadas en dos grupos de cuatro, se levantaron en mitad del acto de las gradas destinadas a los asistentes y se dirigieron a las autoridades. El primero en actuar fue Gorka Ovejero, que sacó de una carpeta una tarta y de forma sorpresiva la lanzó contra Barcina.
Mientras la presidenta permanecía aturdida, los acusados Julio Martin e Ibón García se acercaron por detrás a la presidenta, que estaba privada de visión como consecuencia del impacto de la tarta, y usando el mismo procedimiento estamparon en su cara otras dos tartas que llevaban ocultas. Por su parte, Mikel Álvarez irrumpió en la ponencia apoyando a sus compañeros.
Como consecuencia, Yolanda Barcina quedó desorientada y aturdida, debiendo ser atendida y sacada del recinto por el personal de seguridad, según la fiscal Rodríguez.Esta actuación fue reivindicada por el movimiento de desobediencia al Tren de Alta Velocidad (TAV) Mugitu.
En el escrito, se reconocía como integrantes del movimiento a las ocho personas que interrumpieron el acto, entre los que se encontraban los cuatro procesados, no habiendo sido identificados el resto. En el comunicado se precisaba que el objetivo de esta forma de actuar no pretendía en nigún caso ocasionar daños físicos a Barcina, sino dañar la imagen de la autoridad representada.
COMPETENCIA DE LA AUDIENCIA
La Fiscalía señala en el escrito que Julio Martin, en una entrevista en la radio en noviembre de 2011, reconoció haber participado en los hechos junto con los demás procesados como parte de la lucha contra la construcción del TAV y animó a la población a implicarse en acciones de este tipo. Además, Gorka Ovejero ostentaba en la fecha de la comisión de estos hechos el cargo de teniente alcalde de la localidad de Arruazu, como miembro de la agrupación Batzarre.
Este caso es competencia de la Audiencia Nacional no porque se trate de hechos de carácter terrorista, sino por tratarse de un delito contra españoles cometido en el extranjero, cuya investigación y enjuiciamiento corresponde a este órgano jurídico.
EL PARLAMENTO NAVARRO APRUEBA UNA DECLARACIÓN CONTRA LOS TARTAZOS A BARCINA
La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha ratificado hoy, con el apoyo de UPN, PSN y PP y el rechazo del resto de los grupos, una declaración institucional de condena a los tartazos recibidos por la presidenta Barcina en Toulouse (Francia) en el año 2011.La declaración, presentada por UPN, se ha aprobado con motivo del inicio hoy en la Audiencia Nacional del juicio a cuatro acusados de lanzar tres tartas a la presidenta, agresión por la que cada uno se enfrenta a una petición del fiscal de 5 años de cárcel y 2.700 euros de multa por un delito de atentado contra la autoridad.
Al término de la reunión de la Mesa y Junta de hoy, el portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha recordado que su grupo votó a favor del texto en 2011, pero hoy se ha opuesto al entender que esta declaración podría considerarse como una "intromisión" en la Justicia.
