La Fiscalía se querella contra Torra por desobedecer con los lazos amarillos
A su vez, Torra ha presentado la querella anunciada contra la Junta Electoral Central
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha presentado este miércoles la querella que había anunciado contra la Junta Electoral Central (JEC) por presunta prevaricación y ha replicado a la querella de la Fiscalía en su contra denunciando que en el Estado "la represión no para".
Torra ha anunciado su querella ante el Supremo contra la JEC por prohibir lazos amarillos en edificios públicos y a la vez ha valorado, a través de un comunicado, la querella que ha presentado contra él la Fiscalía Superior de Cataluña por desobedecer la orden del organismo electoral. "Queda claro que la represión no para" y que el Estado "es incapaz de tolerar la discrepancia política", ha dicho Torra, quien ha prometido mantenerse "siempre firme en la defensa de los derechos civiles, sociales y nacionales", entre ellos "la libertad de expresión", que es "baluarte de la democracia", ha añadido.
En su querella, la Fiscalía Superior de Cataluña acusa a Torra de desoír la orden de la Junta Electoral Central y sostiene que Torra desatendió "reiteradamente" las órdenes de la Junta Electoral cuando mantuvo la simbología "partidista", lo que en opinión de la Fiscalía reviste "especial gravedad en cuanto incide directamente en el derecho de participación política de la totalidad de la ciudadanía, que debe ser tutelado y preservado".
La Fiscalía añade en su querella, presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que el presidente catalán desoyó "consciente y deliberadamente" el requerimiento "claro y expreso" emitido por la Junta Electoral.
La Junta Electoral Central ha dado de plazo hasta las 11.00 horas de este jueves para que la Generalitat catalana quite el lazo amarillo colgado de la fachada de su sede en Londres, en cumplimiento de la orden de la semana pasada de retirar todos los símbolos partidistas en edificios públicos por vulnerar la neutralidad a la que legalmente están obligados todas las administraciones en periodo electoral.
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