La Fiscalía de Sevilla no cree que fueran nulas las detenciones practicadas el pasado 20 de marzo dentro de la última fase de investigación sobre los ERE falsos, ni que se superaran las 72 horas legales hasta que los imputados ingresaron en prisión.
Fuentes de la Fiscalía sevillana han informado hoy a los periodistas de que las veinte detenciones fueron practicadas por la Guardia Civil y no por orden judicial, y por lo tanto cuando la juez Mercedes Alaya ordenó el ingreso en prisión de los últimos cuatro imputados no había sobrepasado el plazo de 72 horas desde que un detenido es puesto a disposición de la autoridad judicial.
Uno de los siete encarcelados entre el 20 y 23 de marzo, el exdirectivo de Vitalia Eduardo Pascual, ha pedido la nulidad de su ingreso en prisión pues, según argumenta, estuvo detenido 78 horas y 30 minutos, con lo que la juez Alaya vulneró su derecho fundamental a la libertad.
El abogado de Pascual, en su recurso, aseguró que su cliente fue detenido en su domicilio de Barcelona a las 9.15 horas del 20 de marzo y la juez que investiga los ERE no decretó prisión hasta las 15.45 horas del día 23, por lo que excedió las 72 horas legales.
Ello significa la nulidad del auto de prisión, que "aboca inexorablemente a su puesta en libertad", según la defensa, quien recoge que, pese al secreto sumarial, la experiencia indica que las detenciones se llevaron a cabo por orden de la juez Alaya y no a iniciativa de la Guardia Civil.
SE ORDENA AVERIGUAR EL PATIMONIO DE JUAN MÁRQUEZ
El Juzgado que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía ha ordenado realizar "la averiguación patrimonial integral" del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez a fin de llevar a cabo el embargo necesario para hacer frente a la fianza de responsabilidad civil de 173.941.928,06 euros que le fue impuesta por la juez Mercedes Alaya.
En una diligencia de ordenación dictada el 8 de marzo, la secretaria de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Rosa María Vélez, acuerda que, "transcurrido el plazo" temporal que le fue concedido al imputado para que designara bienes de su propiedad sobre los que trabar embargo, se consulte "informáticamente, a través del Punto Neutro Judicial, la averiguación patrimonial integral" del exalto cargo.
Asimismo, y en una segunda diligencia de ordenación notificada este mismo lunes, la secretaria judicial acuerda que se consulte también a través del Punto Neutro Judicial "la averiguación domiciliaria integral" de Josefa Ríos Pérez, exesposa del que fuera alcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, a quien la juez impuso una fianza de 146.770,68 euros, a lo que hay que restar la cantidad ya consignada de 112.900,53 euros como beneficiario de una póliza de rentas de supervivencia de Fortia Vida.
De igual modo, la secretaria de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado una tercera diligencia de ordenación en relación a Carmen García Sánchez, propietaria del restaurante sevillano Río Grande a quien la juez impuso una fianza civil de 1.990.689,36 euros, en la cual señala que "no consta en el Libro" aportado por la representación de la imputada que "por la sociedad se haya procedido a la anotación del embargo trabado conforme a lo acordado en el decreto de fecha 3 de mayo de 2012".
Por ello, ordena que "se devuelva dicho Libro" al procurador de la imputada "al objeto de que en cinco días se anote dicho embargo con los extremos señalados en el decreto", dando traslado posteriormente al Juzgado de ello "al objeto de testimoniar" el mismo.
Por último, el Juzgado ha emitido una diligencia de ordenación, con fecha 12 de marzo, en la que acuerda que, "siendo insuficientes los bienes embargados" a Carmen Fontela, incluida como 'intrusa' en el ERE de Río Grande de 2005 y a quien Alaya impuso una fianza civil de 101.079,74 euros, se proceda a la "averiguación patrimonial 'consulta integral' de bienes" a través del Punto Neutro Judicial.
Seguidamente, y en un decreto emitido el 14 de marzo, consultado por Europa Press, el Juzgado declara insolvente "por ahora" a Fontela "a la vista de la averiguación patrimonial" realizada, todo ello "sin perjuicio de lo que pudiera resultar en el futuro", por lo que declara "terminada" la pieza de responsabilidad pecuniaria de la imputada.
