Garzón asegura que las escuchas no vulneraron el derecho de ningún abogado

El juez Baltasar Garzón ha afirmado hoy ante el tribunal que le juzga por ordenar grabar las conversaciones mantenidas en prisión entre varios imputados del "caso Gürtel" y sus abogados que lo hizo siempre salvaguardando el derecho de defensa y para evitar que continuaran su actividad delictiva.

Así ha respondido Garzón al abogado autor de la querella contra él, Ignacio Peláez, en la primera sesión del juicio celebrado en el Tribunal Supremo, en la que ha insistido en que "en ningún momento" ordenó intervenir a los letrados, sino a los internos porque existían indicios de que la actividad delictiva de la trama continuaba con los cabecillas de la red corrupta en la cárcel.

Una medida que adoptó, ha dicho, para evitar que se siguieran cometiendo delitos como el de blanqueo de capitales, que se estaba investigando, y localizar y recuperar los fondos desviados por la trama, pero siempre con la "clarísima intención" de prevenir el derecho de defensa y con el apoyo de la Fiscalía.

"Los abogados eran parte nuclear de la misma para desarrollar todas y cada una de las actividades criminales de la organización", ha subrayado el juez, que ha declarado desde el banquillo de los acusados después de que el presidente de la sala, Joaquín Giménez, le recordara que debía "despojarse de la toga" y abandonar el estrado de los letrados en el que había permanecido esta mañana.

Prueba de que "se adoptaron todas y cada una de las medidas para que ese derecho de defensa quedara prevenido", ha afirmado el juez de la Audiencia Nacional, suspendido de sus funciones desde mayo de 2010, es que ninguna de las diligencias que abrió contra los imputados guardaban relación con las comunicaciones intervenidas.

Ha precisado a Peláez, defensor de uno de los empresarios imputados, José Luis Ulibarri, y a quien también se grabó durante sus visitas a la cárcel de Soto del Real a los presuntos cabecillas de la trama Francisco Correa y Pablo Crespo, que cuando se le intervino sus conversaciones con estos detenidos no constaba que él los representara de ninguna manera.

Asimismo, le ha espetado que la actividad principal investigada era el blanqueo de capitales y que cuando se ordenó el ingreso en prisión de Correa y Crespo había indicios de que más de 20 millones de euros habían sido ocultados por la trama en cuentas en Suiza y otros paraísos fiscales.

"Una actividad completa dirigida por abogados de la organización" y, en concreto, ha citado a Manuel Delgado y José Antonio López Rubal, que fue el primer abogado de Correa hasta que fue imputado en la causa.

Después de la medida de prisión, ha explicado el juez, la única actividad delictiva que continuaba era la de blanqueo, por lo que se trataba de evitar que se siguiera cometiendo ese delito y no de ampliar u obtener datos para la investigación.

Preguntado por Peláez por la razón por la que ordenó las comunicaciones de los abogados sin que se tratara de un delito de terrorismo, Garzón ha recordado que el artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria respalda las interceptaciones por orden de la autoridad judicial y no exclusivamente en los supuestos de terrorismo.

RECUSACIONES

El abogado de Garzón, Francisco Baena Bocanegra, había planteado la recusación de Varela y Marchena, ya rechazada anteriormente, por ser los instructores de las otras dos causas que el juez tiene abiertas en el TS, la posibilidad de poder recurrir ante la Sala del 61 una hipotética condena y que se incorporen al juicio las conversaciones grabadas en la cárcel de Soto del Real. Unas peticiones que habían sido rechazadas por las acusaciones, que piden entre 10 y 17 años de inhabilitación para Garzón por los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales.

La Fiscalía, pese a que no acusa y pide la absolución del magistrado, también se ha opuesto a incorporar estas pruebas, aunque ha apoyado que en el caso de que se admitiera la audición de las grabaciones tuviera lugar a puerta cerrada, al igual que han pedido los abogados de la acusación. Tras la decisión del tribunal, esta tarde se retomará el juicio con el interrogatorio de Garzón, suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional desde mayo de 2010.

EL ABOGADO DE CORREA DICE QUE GARZÓN MANIPULÓ

El abogado José Antonio Choclán, que representa al considerado cabecilla de la trama "Gürtel", Francisco Correa, ha acusado hoy al juez Baltasar Garzón de "manipular"y "fabricar tesis" para "tratar de legitimar sus decisiones prevaricadoras", como fue ordenar las escuchas a los letrados. Así lo ha expuesto Choclán en su primera intervención en el juicio a Garzón por haber ordenado intervenir las comunicaciones que mantuvieron en prisión los imputados del "caso Gürtel" con sus abogados, tras rechazar todas las peticiones que planteadas por el juez de la Audiencia Nacional en la fase de cuestiones previas.

La defensa de Garzón ha solicitado la recusación de dos de los magistrados que integran la sala que le juzga, la posibilidad de poder recurrir si es condenado ante la Sala del 61 del TS en segunda instancia si es condenado y la audición de las grabaciones que se practicaron en la prisión de Soto del Real. Unas pruebas que han rechazado todos los abogados de las acusaciones y también la Fiscalía.

Choclán, que se adhirió a la querella presentada por el abogado Ignacio Peláez contra Garzón y pide 17 años de inhabilitación para el magistrado por los delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales, ha considerado extemporáneos y manifiestamente infundados todos los planteamientos del juez.

Así, ha señalado que "a cualquier ciudadano le gustaría tener el privilegio" que tiene Garzón de ser juzgado en el Tribunal Supremo y que quien, como él, utiliza ese privilegio por su aforamiento "no puede utilizarlo para poner tachas al sistema"."La legalidad vigente es la que es y no hay razón para suspender este juicio", ha dicho Choclán, coincidiendo con lo que después ha expuesto el abogado Gonzalo Rodríguez Mourullo, que representa al número dos de la trama "Gürtel", Pablo Crespo, y pide 15 años de inhabilitación para Garzón.

Según ambos letrados, las pruebas solicitadas por Garzón son "manifiestamente impertinentes", ya que no se puede perder el horizonte y el sentido del juicio, que no es otro más que dilucidar si la orden de Garzón de grabar a los letrados supuso prevaricación, como mantienen las acusaciones. Rodríguez Mourullo ha insistido en que el derecho de defensa se vio lesionado por la decisión de Garzón y en que no tendría sentido convertir este juicio en una "suerte de instrucción oral paralela" si se admite volver a escuchar íntegras unas conversaciones que afectan a la confidencialidad. El tribunal se ha retirado a deliberar para decidir si admite las pruebas solicitadas por Garzón.

APOYOS A SU LLEGADA AL SUPREMO

El juez Baltasar Garzón ha llegado a las 10.11 horas de hoy al Tribunal Supremo, donde encara el primer juicio que tiene pendiente en este órgano por los presuntos delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales al ordenar la intervención de las conversaciones que los implicados en la trama 'Gürtel' mantuvieron en prisión con sus letrados. A su llegada al alto tribunal, el aún titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha estado rodeado de medio centenar de personas que le han gritado mensajes de apoyo mientras se referían a uno de los acusadores particulares, el abogado y ex fiscal Ignacio Peláez, como "fascista", "nazi" y "traidor". También podía escucharse "fuera fascistas del Tribunal Supremo".

Garzón ha entrado al tribunal tranquilo, sonriente y no ha querido hacer declaraciones, mientras escuchaba mensajes de apoyo como "hay que juzgar al franquismo criminal" ,"tenemos memoria, queremos justicia", o "fuera fascistas del Tribunal Supremo", la mayoría alusivos al segundo de los juicios que tienen pendiente el juez, por investigar el franquismo careciendo de competencia para ello.