El Gobierno valenciano descarta "rotundamente" la privatización de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), pero todavía no ha estudiado otras posibilidades como recurrir a conciertos con televisiones para cubrir el servicio público que ejercía la empresa pública o alquilar sus frecuencias. Así lo ha asegurado el vicepresidente del Gobierno valenciano, José Císcar, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo, en la que ha advertido de que la Generalitat rechazó recomendaciones hechas desde "el Estado" y "la sociedad" para que hiciera lo que tuviera que hacer, incluso cerrar hospitales, para reducir el déficit.
Císcar ha insistido en que la decisión de cerrar RTVV se basa en criterios económicos, pues no se pueden asumir los 70 millones que costaría el cumplimiento de la sentencia que declara nulo el expediente de regulación de empleo (ERE), y del que ha vuelto a responsabilizar a los órganos directivos de la empresa.
Ha asegurado que, según los informes de la Abogacía de la Generalitat y Garrigues sobre la sentencia, esta basa la nulidad en decisiones tomadas durante el proceso de ejecución del ERE, una competencia exclusiva de los órganos directivos de la empresa.
El vicepresidente no ha descartado exigir responsabilidades a la última dirección general, ni tampoco a las anteriores, y ha afirmado que no se siente responsable del cierre de RTVV y que dimitiría "si una dimisión arreglara la situación de 1.700 trabajadores".
Císcar ha afirmado que el Gobierno valenciano se personará en la pieza separada del caso Gürtel que investiga los contratos de RTVV en relación con la visita del Papa a Valencia en 2006 si se produce un ofrecimiento de acciones por parte del juez, porque la Generalitat puede resultar perjudicada.
Ha afirmado que todas las cuestiones relacionadas con RTVV que pueden tener una responsabilidad penal están en los tribunales, y ha animado a quien conozca otros casos que no lo estén a que los denuncie.
Sobre las denuncias de falta de libertad hechas por los trabajadores ha dicho entender su "enfado e indignación" y ha defendido que si se coarta la libertad en un medio de comunicación debe ser denunciado, al tiempo que ha rechazado que existan las "injerencias políticas" denunciadas por la ex directora general, Rosa Vidal.
Ha pedido perdón por las decisiones erróneas que se hayan podido tomar durante los años de gobierno del PP, y ha garantizado que todo lo que haya en el patrimonio de RTVV que merezca ser protegido, como su archivo documental, quedará en manos públicas tras el proceso de liquidación.
El vicepresidente ha asegurado que no hay "ninguna voluntad" de cortar las emisiones mientras dure el proceso, y ha atribuido el decreto-ley aprobado ayer a la necesidad de adoptar decisiones "urgentes" en momentos de anormalidad como lo era, a su juicio, que RTVV se quedara sin órganos directivos.
Císcar ha asegurado que no se ha consultado ni pedido ayuda al Gobierno para RTVV, y ha insistido en que las causas del cierre son económicas.
Ha precisado que de los 70 millones que costará el cierre, unos 30 millones corresponden a indemnizaciones de los trabajadores ya despedidos, otros 30 por los que no estaban afectados por el ERE, y unos diez millones de salarios de tramitación, aunque no se ha hecho una estimación de la indemnización a contratistas de RTVV.
LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD
El cierre de Canal Nou podría tener ya fecha. El próximo día 27, el Ejecutivo valenciano pretende aprobar en las Cortes una proposición de ley para suprimir la cadena autónomica.
El grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas ha presentado este viernes la proposición de ley que autoriza al Consejo a la extinción, disolución y liquidación de Radio Televisión Valenciana (RTVV) SAU.
El PP, en el texto, pide a la Mesa de las Cortes que "dada la naturaleza y simplicidad" de la formulación de la proposición de ley, y al amparo del artículo 135 del Reglamento de las Cortes, sea tramitada por el procedimiento de lectura única.
El objeto de esta proposición de ley es suprimir la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico de titularidad de la Generalitat y, en consecuencia, autorizar al Consejo a la extinción, disolución y liquidación de RTVV.
De este modo, se suprime la prestación del servicio público de radio y televisión de ámbito autonómico prestado por la Generlaitat, por cualquier medio o canal de difusión, así como la prestación de cualquier otro servicio de interés general que en materia de radio y televisión presta la Generalitat en virtud de sus competencias estatutarias.
La proposición de ley explica que, en el acuerdo de disolución, se nombrará una comisión de liquidación compuesta por tres miembros que llevarán a cabo "las actuaciones legales y estatutariamente establecidas".
Asimismo, señala que, como consecuencia de la supresión de la prestación de los servicios de radio y televisión y el cese de las emisiones, se producirá la extinción de los contratos de trabajo de la totalidad de la plantilla. Añade que RTVV SAU "asumirá las consecuencias económicas" resultantes del proceso de disolución y liquidación, "con cargo a la consignación presupuestaria que se preverá en la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014".
EL COMITE DE EMPRESAS CONVOCA MANIFESTACIONES
El comité de empresa de Radio Televisión Valenciana (RTVV) ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que salga a la calle este sábado y secunde las manifestaciones convocadas en las tres capitales de provincia valencianas contra el cierre del ente para "defender el Estatuto de Autonomía y la identidad como pueblo". Así lo ha indicado la presidenta del comité, Salut Alcover, en una rueda de prensa en la que se han presentado las movilizaciones, que bajo el lema 'RTVV no es tanca, és la teua' ('RTVV no se cierra, es la tuya'), partirá a las 18.00 horas desde la Plaza de San Agustín (Valencia), la Plaza de las Aulas (Castellón) y la Avenida Aguilera (Alicante).
Alcover ha destacado la importancia de la radiotelevisión pública "para la construcción de nuestra identidad como pueblo, de nuestra lengua y de nuestra cultura" y se ha preguntado "si no es que el Gobierno valenciano quiere precisamente que los valencianos no tengan lengua, que los valencianos no tengan cultura y que los valencianos no tengan identidad".
En el manifiesto que se leerá en las manifestaciones, el comité de empresa reivindica la necesidad del servicio público que presta RTVV como "herramienta de vertebración, de participación democrática y encargada de impulsar el sector audiovisual".
El comité está analizando la forma legal de revertir el decreto ley aprobado ayer por el Gobierno valenciano para modificar la ley de RTVV y cree que es posible que los nuevos miembros del consejo de administración nombrados ayer por el ejecutivo, para cubrir las vacantes dejadas por los consejeros dimisionarios del PP, no tengan el perfil exigido legalmente. Por este motivo, el grupo de Compromís de Les Corts ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el que solicita que se paralice el nombramiento del director general de RTVV y los nuevos consejeros.
La televisión pública mantiene hoy, por tercer día, en toda su programación un rótulo con el lema "RTVV no se cierra" y ha abierto los informativos con las novedades sobre este asunto.
