El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, ha instruido a la Abogacía General del Estado para que adopte las medidas necesarias para denunciar los ataques perpetrados contra intereses turísticos en Cataluña y Baleares, y se persone en las diligencias que ya estén abiertas en relación con estos hechos.
Según informó el Ministerio, el Gobierno ha tomado esta decisión tras lo ocurrido en los últimos días, en los que se han producido destrozos y actos violentos contra autobuses turísticos, bicicletas de alquiler y diversos intereses turísticos. "La resolución se enmarca dentro del firme propósito de actuar con contundencia y perseguir este tipo de actos vandálicos hasta sus últimas consecuencias", explica el departamento dirigido por Álvaro Nadal.
A este respecto, el Ministerio recuerda que el turismo es un sector fundamental dentro de la economía española, ya que representa más de un 11% del PIB. "Uno de los factores diferenciales de nuestro país es precisamente poder garantizar una alta seguridad a los visitantes, y estos hechos perturban el desarrollo pacífico y ordenado de la actividad turística, por lo que ponen en riesgo esa ventaja competitiva esencial", advierte.
Por último, apunta que "para que España continúe siendo el mejor destino turístico del mundo nuestro sector no puede verse empañado por estos actos".
EL CABECILLA DE ACCIÓN DE ARRAN EN MALLORCA SANCIONADO CON 1.200 EUROS
Mientras, van a comenzar las sanciones. La Delegación del Gobierno en Baleares ha propuesto sancionar con una multa de 1.200 euros al cabecilla del ataque realizado por el grupo independentista Arran contra un restaurante del Moll Vell de Palma, el pasado 22 de julio. Esta acción contra el turismo fue difundida por Arran días después de que se cometiera por medio de las redes sociales.
La Delegación del Gobierno ha explicado en una nota, que la Policía Nacional denunció a una persona que responde a las iniciales A.M.M. como responsable de esa concentración de protesta no autorizada en la que participaron cerca de 40 jóvenes "portando pancartas reivindicativas en contra del turismo, botes de humo de color rojo y al menos dos bengalas".
Según la citada nota, A.M.M. se atribuyó la responsabilidad de esta acción ante los agentes de la Policía Portuaria que acudieron al restaurante y que, posteriormente, contactaron con la Jefatura Superior de Policía para dar aviso de lo sucedido. "Se le considera organizador o promotor de la misma, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 30.3) de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana", ha señalado la Delegación del Gobierno.
Precisa la Delegación que al ataque se le aplican una infracción administrativa grave por el uso de artículos pirotécnicos sin autorización que conlleva una sanción de 900 euros. También propone una segunda infracción leve por celebrar una manifestación en lugar público sin permiso, y por esta propone una sanción de 300 euros al cabecilla.
Una vez notificado el presente acuerdo, el responsable de los hechos dispondrá de un plazo de 15 hábiles para realizar el pago voluntario con reducción de la sanción de multa del 50 por ciento, o formular las alegaciones y proponer las pruebas que estime oportunas.
