El Gobierno central no obligará a Cataluña a cumplir la sentencia sobre el castellano

El Gobierno central no obligará a la Generalitat de Cataluña a cumplir la sentencia sobre el castellano y remite al Govern de Cataluña para cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a impartir un mínimo del 25% de clases en castellano en la escuela pública catalana, ya que subraya que es a quien le compete.

Después de que el martes se hiciera pública esa sentencia, fuentes del Ejecutivo han recalcado que la obligación de ejecutar la sentencia es del Govern de Pere Aragonés, no del Gobierno central.

En ese mismo sentido se ha pronunciado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, al ser preguntada por los periodistas por la posibilidad de que vayan a instar al Govern a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo. "El Gobierno no tiene esas competencias. Los jueces hacen su trabajo y nosotros ejecutamos", ha señalado en los pasillos del Congreso.

Por el contrario, la ministra de Justicia, Pilar Llop, remitía al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. "No es al Ejecutivo sino al tribunal sentenciador al que corresponde su ejecución y pedir que se cumpla" ha respondido LLop este miércoles a la pregunta de qué iba a hacer el Gobierno para obligar a la Generalitat de Cataluña a cumplir la sentencia en una entrevista en Espejo Público de Antena 3.

"Corresponde al propio órgano sentenciador darle el impulso a la ejecución" y por tanto, ha remarcado, será el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el que en un plazo de dos meses pida al Govern de Cataluña que cumpla la sentencia y ahí se verá cuál es su respuesta.

Tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, el consejero catalán de Educación, Josep González Cambray, aseguraba este miércoles que el Govern no la ejecutará.

El presidente del PP, Pablo Casado, alertó este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que podría prevaricar si no exige a la Generalitat de Cataluña que cumpla la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano en esta comunidad.

La Sala III del Tribunal Supremo ha inadmitido mediante una providencia el recurso de la Generalitat de Cataluña contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña relativa al porcentaje de castellano en la Educación en dicha comunidad autónoma, refrendando así la obligación de impartir el 25% de las clases en castellano en esa comunidad.