El Gobierno dice que el Constitucional "carece de potestad" para suspender la ley del aborto

La Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno, sostiene que el Tribunal Constitucional "carece de potestad" para suspender la vigencia de la nueva Ley del Aborto, que entró en vigor este lunes. Responde así al recurso del PP que reclama la suspensión cautelar de la norma. Mientras crece la polémica por la negativa de Murcia y Navarra a aplicarla mientras el Constitucional no se pronuncie.

No se puede suspender la vigencia de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrución Voluntaria del Embarazo, aprobada por las Cortes Generales, según se desprende de las alegaciones de la Abogacía del Estado contra la suspensión interpuesta por el Grupo Parlamentario Popular contra diversos preceptos de la norma.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, se constata que el Tribunal Constitucional "carece de potestad para acceder a lo solicitado" por los 'populares'. Así lo aseguran los servicios jurídicos del Estado que recuerdan que los poderes de suspensión que tiene éste "están tasados" y que no pueden extenderse a los actos o normas emanados del Parlamento, que gozan de "presunción de legitimidad". "Sostener lo contrario supondría obtener artificiosamente los efectos de una suerte de recurso previo de inconstitucionalidad, que no contempla la vigente Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), y cuya supresión fue decidida por las Cortes Generales", añade la Abogacía del Estado.

También niega el Gobierno que la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad tenga algún efecto suspensivo sobre la Ley, tal y como argumentó el PP basándose en que el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional alude a la suspensión de los procesos judiciales que estén en marcha en ese momento.

La Abogacía del Estado rechaza asimismo que los recurrentes tengan derecho a la "tutela cautelar", ya que en el procedimiento "no se ventilan derechos o intereses propios de los actores" y la citada tutela "está dirigida a la defensa de derechos e intereses legítimos, cuya titularidad, representación o defensa ostentan quienes pretenden obtenerla".

Los servicios jurídicos del Estado, que actuan en defensa de la posición del Gobierno, señalan, que la nueva Ley del Aborto es plenamente constitucional, ya que "no introduce ex novo en nuestro ordenamiento jurídico las condiciones en las que es posible la interrupción voluntaria del embarazo, sino que se dirige a modificar dicho régimen jurídico a la luz de la experiencia acumulada en la aplicación del marco legal vigente".

EL CONSTITUCIONAL NO SE HA PRONUNCIADO SOBRE EL RECURSO DE SUSPENSION CAUTELAR

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, aseguraba este martes que la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso del PP contra la Ley del Aborto "no tiene efectos suspensivos", al tiempo que ha afirmado que "lo normal" es que se cumpla la normativa vigente desde el lunes pese a la a negativa de los gobiernos de Murcia y Navarra a acatarla.

Por el contrario, la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, considera que el Tribunal Constitucional "no se debe demorar en resolver" sobre la suspensión cautelar de la Ley "para evitar conflictos como los que empiezan a surgir". Cava de Llano, reconoció que "las leyes están para ser cumplidas, lo que pasa es que es una situación muy complicada porque estamos hablando de un bien jurídico como es el nasciturus, de modo que en caso de que se declarase inconstitucional, sería un tema irreversible porque no se puede devolver la vida al no nacido", ha explicado.

Asismismo, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha pedido que la ley no entre en vigor hasta que el Tribunal Constitucional dictamine si "la vida del no nacido está suficientemente protegida, como desde nuestro punto de vista exige la Constitución", para que no se produzcan "consecuencias irreparables". El líder popular ha recordado cómo en 1983 el PP interpuso un recurso previo ante el Constitucional, que paralizó la aplicación de la ley del aborto durante el periodo de estudio de dicha ley por el alto Tribunal, que finalmente dio la razón a los populares.

El portavoz de la plataforma ciudadana HazteOír, Ignacio Arsuaga, y el presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, confían en que el Tribunal Constitucional suspenda la aplicación de la nueva ley que regula el aborto y consideran que al decir que esta institución no tiene competencias para ello, el Gobierno "lo que persigue es cercenar los derechos de los ciudadanos".

Blanco considera "muy fuerte" que estas sean las alegaciones del Gobierno contra la petición de suspensión cautelar y ha asegurado que "el propio Tribunal Constitucional ha dicho que forma parte del acceso de los ciudadanos a la justicia la suspensión de la norma recurrida".

Por su parte, desde HazteOir consideran que el Gobierno en general y la ministra de Igualdad en particular, pecan de "hipocresía" porque por un lado, no ven oportuno suspender la ley de aborto en tanto haya sentencia y, por otro, cuando se trata del Estatut que ya tiene resolución judicial "se plantean aprobar leyes para no acatarla".

A VUELTAS CON LA VIGENCIA Y EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY

La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado ve un "ataque frontal" al Estado de Derecho en la negativa de Murcia y Navarra a aplicar la Ley, y calificaba de "extraordinariamente graves" las declaraciones de Valcárcel.

El presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, manifestaba este lunes que "no hay razones para acatar" la ley del aborto puesto que ésta "todavía no está en su punto y final", debido a que el Tribunal Constitucional no ha decidido sobre los recursos presentados por el PP y el Gobierno de Navarra.

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, aseguraba que en el caso de que éstas Comunidades no rectifiquen, el Gobierno "pondrá en marcha todos los mecanismos jurídicos" para hacer efectiva la norma. Para Aído la actitud de los gobiernos de Navarra y Murcia es "irresponsable" y aseguraba que esas Comunidades "han iniciado un camino que van a tener que desandar".

El diputado de IU, Gaspar Llamazares, que es tambien presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso, reclamaba que la Justicia "tenga en cuenta" la "llamada a la rebeldía" del PP por no aceptar la aplicación de la Ley del Aborto, y con ello, "menospreciar la voluntad popular de una mayoría parlamentaria".

Desde el Congreso, la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría reconocía que la ley del aborto es "aplicable" puesto que ha entrado en vigor, pero reclamaba al Tribunal Constitucional que cuanto antes resuelva la petición de suspensión. Sin quererse pronunciar directamente sobre los casos de Murcia y Navarra, señalaba: "pediría al Ministerio de Sanidad que atienda las innumerables peticiones de información y claridad que se le piden".

Por el contrario, el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, denunciaba la "absoluta falta de sentido de Estado" del PP, que promueve "una auténtica rebelión institucional". "Rebelarse contra las leyes aprobadas democráticamente en el Parlamento es algo absolutamente intolerable y repudiable". Alonso ha esgrimido el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para recalcar que la presentación de un recurso de inconstitucionalidad no suspende la aplicación ni la vigencia de una ley.

Mientras, el Gobierno de Murcia dio este martes un paso más en su pulso con el Ejecutivo central por la aplicación de la ley del aborto y pidió a las adolescentes embarazadas que, antes de abortar, opten por la entrega voluntaria de sus bebés, segun solicitó el consejero murciano de Política Social, Mujer e Inmigración, Joaquín Bascuñana.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, reiteraba que su Gobierno aplicará la Ley que entró este lunes vigor, pese a no estar de acuerdo con ella. "Admitiendo que no pensamos igual que el Gobierno", ha afirmado Feijóo, la Xunta, una vez promulgada la ley y mientras no se derogue, "debe cumplirla y lo está haciendo". Sin embargo puntualizaba que la Xunta apoyará de "forma incondicional" a todas las mujeres que quieran tener hijos, ya que, en su opinión, es más "inteligente y positivo" apoyar a las mujeres que quieren ser madres que "apoyar el aborto".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguraba que su gobierno cumplirá la Ley del Aborto, que entró en vigor ayer, porque la región "cumple todas las leyes". Su consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, recordaba que "la ley se debe cumplir", pero se comprometió a preservar "en todo momento" el derecho de los profesionales, particularmente de los médicos y enfermeras, a negarse a practicar abortos y a ejercer la objeción de conciencia. Fernández Lasquetty, aseguraba en Telemadrid que "nadie va a ir a la cárcel por no practicar un aborto" y la Comunidad "no va a obligar a nadie a hacer un aborto", al tiempo que señalaba que en la sanidad pública madrileña "la mayoría de los profesionales, por no decir la práctica totalidad con excepciones, se niegan a hacer a abortos".

La portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez, advirtió que "los socialistas vamos a estar muy atentos al cumplimiento de la ley, porque es una obligación para el Gobierno de Aguirre como lo son todas la leyes, y porque no vamos a permitir que el Partido Popular permanentemente se oponga a todo lo que suponga avances en derechos de igualdad".

El ministro de Educación, Angel Gabilondo, pedía a las autoridades "con responsabilidad en las comunidades autónomas" que cumplan las normas aprobadas por el Parlamento y que "ayuden a que los ciudadanos las cumplan". En cuanto a la integración de esta nueva norma en la educación, algo criticado por la Conferencia Episcopal, Gabilondo ha señalado que la ley está "concebida como un espacio de educación, prevención y garantías", tres bases "buenas para el país porque, al final, la gran solución es la educación".

Por el contrario, el portavoz del grupo parlamentario popular en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, se mostraba a favor de establecer "todas las medidas posibles" para que la ley del Aborto "no se consolide en la conciencia de los españoles". Mayor Oreja, estimaba que la polémica es "una batalla de concienzación", ya que, aunque se trata de una ley, es, "fundamentalmente, un falso nuevo derecho y eso significa una aberración moral y, probablemente, es la característica más degradante de lo que significa la dignidad de la persona".