El Gobierno aprueba en comisión la 'Ley Celaá' con el apoyo de ERC y PNV
La inmersión lingüística, el modelo de concertada y especial y la Alta Inspección Educativa, principales críticas de PP, Vox y Ciudadanos que recurrirán al Tribunal Constitucional
El Gobierno ha aprobado este viernes en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso el dictamen de la Ponencia sobre la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), también conocida como 'Ley Celaá', con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País. La representante de EH Bildu, se ha ausentado de la sala antes de terminar la sesión, mientras que PP, Vox y Ciudadanos han votado en contra.
El apoyo conseguido este viernes en la comisión, no sería suficiente para el Ejecutivo en el Pleno del Congreso de la próxima semana, en donde el dictamen será de nuevo debatido y deberá ser ratificado por mayoría absoluta (176 diputados), ya que se trata de una reforma de una ley orgánica, y continuar su tramitación en el Senado.
El dictamen recoge algunas de las enmiendas aprobadas en las últimas semanas y que han generado fuertes críticas entre la oposición, como es el caso de la supresión de la referencia al castellano como lengua oficial del Estado en educación, así como la consideración del castellano y las lenguas cooficiales como lenguas vehiculares, cuestión que ha suscitado una gran polémica.
De hecho, PP, Cs y Vox ya han anunciado que llevarán esta Ley al Tribunal Constitucional (TC) si es apoyada por la mayoría absoluta de la Cámara baja.
El texto también incluye: el aumento progresivo de plazas públicas para la etapa de 0 a 3 años; que la asignatura de Religión no cuente para las notas medias; la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo; la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública; la fijación de la "excepcionalidad" de la repetición de curso; la inclusión de una cuarta modalidad de bachillerato más general; o la derivación de alumnos de centros de Educación Especial a centros ordinarios en el plazo de 10 años.
Mientras a las puertas del Congreso se congregaban manifestantes para mostrar su rechazo a la conocida como 'ley Celaá', convocados por la Plataforma Más Plurales, que aglutina a asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos del sector de la educación concertada.
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