El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha advertido hoy a la Generalitat que "no permitiremos presiones arbitrarias a los funcionarios de los ayuntamientos", a los que el Estado "protege" con la carta remitida ayer para que puedan rechazar participar en un referéndum de independencia.
El Gobierno envió ayer una carta a 993 ayuntamientos y corporaciones locales catalanas para advertir a secretarios e interventores locales de "la obligación del respeto a la legalidad constitucional y estatutaria", de modo que no pueden colaborar en la organización del referéndum que el Govern quiere celebrar el 1 de octubre.
En declaraciones a Efe, Millo ha acusado al gobierno de la Generalitat de "intentar descargar sus responsabilidades en los funcionarios locales" después de ver cómo se han inhabilitado a dirigentes independentistas, por lo que la carta que el Gobierno ha enviado a secretarios e interventores es una "protección" ante las "presiones" que puedan venir la Generalitat.
Tal como ha recordado Millo, la carta es "muy precisa" a la hora de detallar todo aquello que contravendría la legalidad vigente: la formación del censo, exposición de listas, la determinación de las Secciones y Mesas electorales, la formación de las Mesas, la dotación de medios de las Juntas de Zona, la reserva de lugares públicos para actos de campaña, la designación de locales electorales y, entre otras cuestiones, el almacenamiento de material electoral.
FUNCIONARIOS PROTEGIDOS
Así las cosas, Millo cree que los funcionarios están protegidos ante las intenciones del Govern, unos empleados públicos que dependen del Estado y a los que el Gobierno se dirige ante las "posibles presiones" que puedan recibir, sobre todo en municipios pequeños del interior, por parte de la administración autonómica.
De todas formas, la Delegación del Gobierno en Cataluña no contempla demasiado la "hipótesis" de que algún funcionario "se decida a actuar contra la ley", ante lo cual se encontraría con la "apertura de un expediente".
Millo ha calificado de "ficción" que desde la Generalitat se promueva la idea de que en el proceso soberanista habrá un momento en el que convivirán dos legalidades, la actual y la que creará el Parlament para intentar facilitar la secesión.
"Hay que desmentirlo. No pueden haber dos legalidades en paralelo puesto que solo hay una legalidad, la que emana de la Constitución y del Estatut de Autonomía. Lo saben los funcionarios. No puede existir una 'paralegalidad'", ha asegurado Millo.
