El Gobierno anuncia la instauración de la pena de prisión permanente revisable

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado hoy la creación de una tasa para poder recurrir las resoluciones judiciales, la reforma de la Ley del Menor para juzgar conjuntamente a menores y mayores por delitos graves y el estudio de la instauración de la prisión permanente revisable.

Estas son algunas de las medidas avanzadas por Gallardón en su primera comparecencia en el Congreso, al que ha presentado un paquete de proyectos legislativos con el fin de modernizar la Justicia, hacerla más eficaz y acabar con su imagen de politización, para lo que ha confirmado que se reformará el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

ABORTO

El ministro de Justicia ha anunciado hoy una reforma de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo para exigir el consentimiento paterno en los casos de las menores de edad que quieran abortar. Ha recordado que la ley actual fue aprobada "sin consenso y con la opinión desfavorable de los órganos consultivos" y ha señalado que la reforma se inspirará en la defensa del derecho a la vida según la doctrina ya definida por el Tribunal Constitucional.

La ley vigente desde julio de 2010 no exige el consentimiento paterno, pero sí que los progenitores sean informados de que sus hijas de entre 16 y 17 años van a interrumpir su embarazo, siempre que éstas no aleguen peligro de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o una situación de desarraigo o desamparo. La actual regulación de la interrupción del embarazo establece el aborto libre hasta la semana 14, y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o la salud de la mujer o graves anomalías en el feto, y sitúa en 16 años la mayoría de edad para adoptar la decisión.

Esta ley supuso una reforma en profundidad de la legislación anterior, vigente desde el año 1985, cuando se despenalizó el aborto en las primeras doce semanas de gestación en los supuestos de violación; hasta 22 semanas en casos de riesgos de malformaciones en el feto; y sin límite en el supuesto de riesgo para la salud física o mental de la madre. Los últimos datos oficiales sobre abortos en España se hicieron públicos en diciembre del pasado año, y revelaron que en el año 2010 113.032 mujeres interrumpieron voluntariamente el embarazo, lo que supuso un aumento del 1,3 por ciento respecto a las cifras del año anterior.

Según los datos del Ministerio de Sanidad, el número de intervenciones que se registraron desde la entrada en vigor de la ley -el 5 de julio de 2010- hasta el final del año (54.546 abortos) fue inferior al número de interrupciones que se llevaron a cabo desde el principio de año hasta esa fecha (58.486).

LEY DEL MENOR

Además, el Gobierno reformará la Ley del Menor para que, en los casos de delito grave en los que haya implicados adultos y menores, todos sean investigados y enjuiciados conjuntamente, si bien a estos últimos se les seguirá aplicando la legislación prevista para ellos. La reforma, que según el ministro no supondrá "merma alguna" de los derechos del menor, afectaría a casos como el de Marta del Castillo o el de los atentados del 11-M, en los que dos menores, conocidos como "El Cuco" y "El Gitanillo", respectivamente, fueron enjuiciados individualmente.

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

Gallardón ha anunciado también que el Gobierno estudiará la posible instauración de la pena de prisión permanente revisable, en la línea de la que existe en otros países europeos, que sería una pena excepcional para supuestos muy restringidos y que hubieran causado una gran alarma social.

Otro de los anuncios de hoy ha sido la creación de una Agencia -de la que formarán parte el Ministerio, el CGPJ y las Comunidades con competencias en materia de Justicia- que se encargue de la coordinación de los sistemas informáticos y de comunicación de las distintas Administraciones de Justicia para que todos los datos y registros sean compatibles y estén conectados a través de la red.

TASA JUDICIAL

Con el objetivo de acabar con el exceso de litigiosidad, que considera uno de los principales problemas de la Justicia española, el ministro ha anunciado que, en la línea del depósito previo para recursos aprobado en 2009, se instaurará una nueva tasa judicial. Así, las partes deberán asumir obligatoriamente los costes del proceso a partir de la segunda instancia, aunque la cantidad que depositen les será reintegrada si su demanda prospera. "Si el ciudadano no se conforma con la respuesta que le da el poder judicial, en segunda instancia es cuando se aplicará el nuevo modelo de tasas", ha dicho Gallardón, que ha precisado que los ingresos obtenidos por esta vía se dedicarán a la modernización de la Justicia. La nueva tasa no se aplicará a la jurisdicción penal, y también estarán exentos "quienes carezcan de recursos para litigar".

ELECCIÓN DE LOS VOCALES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Con el objetivo de regenerar las instituciones y contribuir a despolitizar el Poder Judicial, Gallardón ha confirmado que -como proponía el PP en su programa electoral- se reformará el sistema de elección de los vocales del CGPJ, de forma que los doce de extracción judicial serán designados directamente por sus compañeros.

Respecto a los otros ocho vocales, que según la Constitución deben ser juristas de reconocido prestigio, el ministro ha propuesto a los grupos parlamentarios poner fin al sistema de cuotas partidistas y que las Cortes hagan una elección consensuada. El mismo deseo ha expresado de cara a la designación por el Congreso de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, pendiente desde noviembre de 2010.

Por último, Gallardón ha avanzado que el Gobierno presentará en el segundo semestre de este año un nuevo Código Mercantil con el objetivo de garantizar la unidad de mercado y redundar en una competitividad real, y ha adelantado que habrá nuevas leyes de Planta y Demarcación Judicial, de Enjuiciamiento Criminal, de Jurisdicción Voluntaria y de Mediación.