La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría, ha pedido hoy a la oposición que apoye el Real Decreto Ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia porque su objetivo es afianzar la recuperación de la economía y que esta llegue a todos.
Durante su defensa en el Pleno del Congreso, Saenz de Santamaría ha explicado que se trata del decreto ley número 563 que se aprueba en democracia y ha lamentado que la oposición critique su "forma" y no hable de su "fondo".
Ha defendido que las medidas que contiene deben ser aprobadas "urgentemente" porque su aplicación no puede esperar los meses que duraría su tramitación parlamentaria como ley y ha apuntado que llega tras una primera generación de reformas sin las cuales España habría pedido "más pronto que tarde" el rescate y "otros habrían decidido nuestro futuro".
"Ahora lo tenemos -el futuro- en nuestras manos, en su voto está que sigamos para adelante o que pongamos excusas para la recuperación", ha dicho la vicepresidenta después de que desde la oposición se haya criticado que el Gobierno haya aprobado medidas de tal calado vía decreto impidiendo así que se incluyan sus aportaciones.
EL PSOE RECURRIRÁ ANTE EL CONSTITUCIONAL
La portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha dicho hoy que el PSOE recurrirá ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto Ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia aprobado el viernes por el Gobierno, al que ha calificado de "barbaridad legislativa".
"Vamos a ir ante el Constitucional para corregir este desastre, esta chapuza legislativa. Creo que vamos a ir toda la oposición", ha afirmado Rodríguez durante su intervención en el pleno del Congreso que previsiblemente convalidará dicha normativa con el único apoyo del PP.
Su formación presentará un recurso de inconstitucionalidad para decirle al Gobierno "basta ya", según Rodríguez, quien ha asegurado que ha sido imposible evitar "este verdadero atropello y debate absurdo", a pesar de que se pidió al presidente de la Cámara Baja, Jesús Posada.
"Mi grupo votará que no a un decreto ley que no se puede debatir" y que, en su opinión, aunque fuera tramitado como proyecto de ley no se podría subsanar "la enorme chapuza legislativa de la vicepresidencia del Gobierno".
RESTO DE GRUPOS
El grupo popular se ha quedado sólo a la hora de apoyar una normativa que, según su portavoz, Alfonso Alonso, se aviene a la normativa parlamentaria. "El PP da buenas noticias porque el país sale adelante, porque se crece, se crea empleo y se devuelve a los ciudadanos el esfuerzo que les hemos pedido durante estos dos años", ha subrayado Alonso, que ha asegurado que, con su postura, la oposición sólo pretende "tapar" un documento "demasiado bonito".
El diputado Pedro Aspiazu (PNV) ha asegurado que, por primera vez, su formación no participará en una votación, porque se trata de un "decretón" que deteriora el papel y la función del Parlamento y rebaja "la ya de por sí cuestionada calidad de la democracia".
Por el grupo catalán, el diputado de CIU Josep Sánchez Llibre ha pedido al Gobierno que rectifique y tramite las reformas como proyectos de ley, al tiempo que le ha acusado de "abusar de la mayoría absoluta" y de gobernar con "cierta prepotencia y soberbia".
Desde el grupo de Izquierda Plural, Joan Coscubiela ha asegurado que el decreto supone una "corrupción de la democracia que ha asestado un golpe definitivo a la división de poderes" y ha pedido a los grupos que digan "basta ya" al Ejecutivo.
Para Ascensión De las Eras este "macrodecretazo" se hace en beneficio "de unos pocos empresarios afines a este Gobierno" y no de los ciudadanos, "que no van a sacar nada".
Por el grupo de UPyD, Carlos Martínez ha acusado al Ejecutivo de "insultar" a la oposición "con una soberbia enorme" y de no querer debatir las reformas contenidas en el decreto "para que la sociedad no se entere de lo que está tramando", a lo que ha añadido que con las medidas que contiene habrá "más Gowex".
Por el grupo mixto, el diputado de Amaiur Rafael Larreina ha avanzado el voto en contra de su grupo al considerar que la "urgencia" de la normativa es, en realidad, "la de PP pensando en las elecciones" porque las cuestiones que regula "eran urgentes también hace un año". ERC tampoco votará, ha avanzado Teresa Jordá, quien ha acusado al Gobierno de lanzar el "decretazo" con el objetivo de "censurar la propia democracia y para aniquilar el parlamentarismo" y defender que los diputados no son "la comparsa de esta farsa democrática". Olaia Fernández (BNG) ha asegurado que su formación no puede apoyar un decreto que ha sido elaborado al dictado de los poderes económicos para favorecer a determinados grupos empresariales y oligopolios y prescindiendo completamente del Parlamento.
