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El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha anunciado que el Gobierno aprobará el próximo 19 de julio en Consejo de Ministros el proyecto de ley de reforma de la administración local, una iniciativa en la que lleva más de un año trabajando y que espera que pueda entrar en vigor en enero de 2014.

El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas trabaja ahora en adaptar el texto a las consideraciones realizadas por el Consejo de Estado en su informe sobre esta iniciativa, un texto en el que advierte de riesgos de inconstitucionalidad por limitar la autonomía local y en el que exige una mejor regulación del llamado coste estándar, una de las columnas vertebrales de la ley, que exigirá a los municipios prestar sus servicios sin sobrepasar un determinado coste.

Beteta, que participa este viernes en el Campus FAES en Guadarrama (Madrid), ha admitido que se trata de "una ley muy compleja" pero ha subrayado la necesidad de que sea aprobada.

BETETA ENCANTADO CON EL INFORME

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha confesado que le "encantó" el informe del Consejo de Estado sobre la reforma de la administración local que está preparando su departamento, al interpretar que reconoce "como constitucionales" los "conceptos esenciales de la ley". "*Cómo no va a estar uno contento?", argumentó.

Así se ha pronunciado Beteta en declaraciones tras ofrecer una conferencia en el Campus FAES en Guadarrama (Madrid). "Me encantó el informe, lo encontré fantástico", ha dicho preguntado por el texto del órgano consultivo, adelantado por Europa Press y que incluye algunas advertencias sobre una posible inconstitucionalidad por el recorte de la autonomía local y critica la regulación del coste estándar, el coste al que deberán ajustarse los municipios para prestar servicios.

Beteta ha hecho hoy una lectura distinta de las conclusiones del informe. A su juicio, el órgano consultivo avala asuntos clave de la reforma, como la potestad del Estado para "definir" las competencias municipales, la supresión de las competencias impropias o la obligación de formalizar convenios y de pagarlos para el traspaso de competencias y servicios entre administraciones.