El Gobierno aprobará la reforma del sistema de pensiones el próximo 28 de enero y la enviará de inmediato al Parlamento para su tramitación, según han anunciado los vicepresidentes primero y segundo del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba y Elena Salgado, respectivamente, tras la reunión del Consejo de Ministros.
Salgado ha asegurado que la reforma más importante que queda por hacer es la de las pensiones y ha indicado que su aprobación el próximo 28 de enero tiene que "dar confianza" y va a servir para reforzar el sistema de la Seguridad Social.
Por su parte, Rubalcaba ha señalado que poner fecha a la aprobación de la reforma de pensiones "no significa" que el Gobierno renuncie al acuerdo. "Pero, a juicio del Gobierno, el tiempo ha terminado, llevamos meses discutiendo y creemos que es bueno fijar una fecha", ha añadido.
Por otro lado, la vicepresidenta económica ha informado de que a partir de enero de 2011 los
nuevos funcionarios, cualquiera que sea el cuerpo y la administración en la que se integren, se incorporarán al Régimen General de la Seguridad Social y al no al de clases pasivas, que quedará en situación de extinción. Actualmente, hay 1,5 millones de funcionarios en la Seguridad Social, y otro millón inscrito en las Clases Pasivas del Estado.
Salgado ha precisado que de esa asimilación, se salvarán las pensiones extraordinarias de los Cuerpos y Fuerzas y Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas, que seguirán calculándose en el sistema de Clases Pasivas, por ser más favorable.
SIN NOTICIAS DE UNA ALTERNATIVA A LOS 426 EUROS
Preguntada por la supresión de la ayuda de los 426 euros a parados sin ingresos a partir de febrero, fecha en la que expira el programa vigente, la vicepresidenta económica ha indicado que no se ha incluido en el decreto de medidas económicas porque no era necesario.
Así, ha explicado que la posibilidad de prorrogar esta ayuda se eliminó hace meses y que, por tanto, no ha sido necesario aprobar ninguna actuación adicional. Lo que no ha aclarado Salgado es si el Gobierno, en el marco de la reforma de las políticas activas de empleo, diseñará una nueva ayuda para los desempleados que agoten sus prestaciones, tal y como ha sugerido en varias ocasiones el ministro de Trabajo.
"No tenemos nada más que decir que reforzamos los servicios públicos de empleo para que estas personas reciban una atención especializada", ha respondido la vicepresidenta sobre la posibilidad de que se implante esa nueva ayuda.
La ministra de Economía y Hacienda se refería en concreto al Decreto Ley aprobado hoy en Consejo dentro del nuevo paquete de medidas por el que se contratarán otros 1.500 orientadores de empleo para los servicios públicos de empleo y se prorrogará, hasta diciembre de 2012, la permanencia de los 1.500 orientadores que desde 2008 trabajan en estas oficinas. Estos trabajadores se dedicarán a efectuar itinerarios personalizados a los desempleados, "con especial atención a los parados que hayan agotado prestaciones contributivas".
LAS AGENCIAS PRIVADAS DE COLOCACION, EN PROXIMAS SEMANAS
Dentro del impulso reformista del Gobierno, Salgado ha apuntado que la reforma de las políticas activas de empleo se presentará en "breves semanas" y que la regulación de las agencias privadas de colocación se aprobará en Consejo de Ministros también en las próximas semanas, previsiblemente a finales de este mes.
De momento, el Consejo de Ministros ha conocido hoy el borrador del decreto ley que establece el régimen jurídico y los procedimientos para que estas agencias puedan colaborar con los servicios públicos de empleo en la intermediación laboral.
En un comunicado, el Ministerio de Trabajo ha explicado que las agencias de colocación podrán ser públicas o privadas; que los servicios que presten serán gratuitos para los trabajadores; que las actividades de intermediación laboral que realicen podrán acompañarse de actuaciones de orientación, información profesional y selección de personal; y que podrán actuar de forma autónoma o como entidades colaboradoras de los servicios públicos de empleo.
Asimismo, según este borrador, estas agencias de colocación deberán atender a todas las personas desempleadas y respetar la igualdad de trato y no discriminación en el empleo y su funcionamiento deberá ser autorizado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE).
"La realidad actual del empleo no admite demoras en la puesta en marcha de manera inmediata de nuevas iniciativas que, a medio plazo, puedan contribuir a la conformación de un escenario más productivo. Es en ese aspecto donde se ha buscado una colaboración público-privada en la intermediación laboral, preservando la centralidad de los servicios públicos de empleo, pero complementando su actividad a través de las agencias privadas de colocación", ha señalado el Ministerio.
