El Gobierno asegura que no está obligado a depurar responsabilidades por el caso Faisán

El PP exige responsabilidades al Gobierno por el caso Faisán. El Ministro de Presidencia ha negado hoy que tengan que depurar responsabilidades a pesar de que se haya identificado el teléfono del número dos de Rubalcaba como uno de los que contactó con imputados en el caso del chivatazo. Hoy hemos conocido además la identidad del policía que usó el tercer teléfono de Interior bajo sospecha.

Así, el Gobierno ha asegurado hoy que "no" está obligado a depurar responsabilidades en el ministerio del Interior a raíz de las últimas decisiones judiciales sobre el caso Faisán, en el que se investiga el "chivatazo" con el que se alertó a ETA de una operación policial contra su red de extorsión en 2006.

El ministro de la Presidencia, Ramón Jaúregui, tras reunirse en Sevilla con el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, preguntado por si las últimas decisiones judiciales obligan a depurar responsabilidades políticas en el ministerio del Interior por el caso Faisán, el ministro ha respondido: "No".

La pregunta de uno de los periodistas se refería a la decisión del juez Pablo Ruz, que ha pedido identificar a los usuarios de tres teléfonos de la subsecretaría del ministerio del Interior desde los que se hicieron llamadas a los tres imputados en la causa en la que se investiga el "chivatazo" con el que se alertó a ETA de una operación policial contra su red de extorsión en 2006.

El ministro descarta de esta forma la petición de algunos dirigentes del PP que mantienen que este caso "está cada vez más cerca del ministerio del Interior" y entienden que lo que toca ahora es "emplumar a alguien desde el punto de vista político".

Así, el portavoz del PP en la Comisión de Interior del Congreso, considera que "el silencio" que ha guardado el Gobierno socialista tras las últimas revelaciones relacionadas con los teléfonos que se utilizaron en el llamado caso del 'chivatazo' en el bar Faisán constituye "el mejor síntoma de asentimiento político".

Según Cosidó, "la vinculación telefónica" del 'número dos' de Alfredo Pérez Rubalcaba con alguno de los imputados en la misma noche en que se decidió poner en marcha esa delación, "pone en evidencia la conexión política del caso".

Es más, dice que su "convicción política" de que el chivatazo partió de "las más altas esferas del Ministerio del Interior, y no de ningún policía, se transforma según avanza la instrucción del sumario en un hecho probado en sede judicial". "ALGO MAS QUE UN DELITO DE COLABORACION CON ETA"

Cosidó sostiene que esta delación "es algo más que un delito de colaboración con banda armada que puede ser penado con hasta con diez años de cárcel". En su opinión, constituye también "una traición a nuestra democracia, especialmente a todos aquellos que se han jugado la vida luchando contra ETA, y a todas las victimas del terrorismo".

Por eso, recalca que más allá de la responsabilidad penal que deben juzgar los tribunales, hay una responsabilidad política "ineludible" que corresponde depurar al Parlamento y en última instancia a las urnas. Y esa responsabilidad, prosigue, "recae esencialmente en quién era entonces ministro del Interior y hoy además vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba".

El diputado del PP señala que conocer la verdad sobre el caso Faisán es "una de las grandes obligaciones democráticas" en estos momentos y añade que esta tarea "corresponde a todos", a los colectivos de víctimas, a los medios de comunicación, a la oposición parlamentaria y al conjunto de los ciudadanos españoles.

"Siempre he creído que una de las principales características de las sociedades libres es la imposibilidad de esconder la verdad. Incluso en los momentos en los que el humo generado parecía cegarnos, siempre he mantenido la convicción de que sería cuestión de tiempo llegar al fondo del asunto", subraya.

Dicho esto, expresa su convencimiento de que el PSOE "tendrá que asumir en algún momento la responsabilidad histórica de esta verg~enza". "Hoy creo que estamos un poco más cerca de esa verdad, aunque aún nos quede un largo trecho para saber quién es el último responsable de esta infamia y cuáles fueron las verdaderas razones para cometerla", concluye.

Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) considera que el 'caso Faisán' se cerrará sin consecuencias penales para el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, quien supuestamente habló por teléfono con algunos de los imputados en la causa en las horas cercanas al momento del 'chivatazo' a ETA.

El secretario de Comunicación del SUP, José María Benito, ha restado importancia al hecho de que uno de los móviles investigados por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz estuviera asignado a Camacho, tal y como han confirmado a Efe fuentes policiales, y que éste mantuviera contactos telefónicos con algunos de los imputados.

En declaraciones a Efe, Benito no ve nada extraño en que Camacho hablara a diario con quien era entonces el director general de la Policía Víctor García Hidalgo, imputado en la causa.

Por eso, no cree que la investigación pueda terminar con alguna consecuencia penal para el secretario de Estado de Seguridad.

Más importancia otorga el SUP a otros aspectos oscuros de la investigación, como los más de 200 móviles de tarjeta que se utilizaron en las inmediaciones del bar Faisán en las horas próximas al 'chivatazo' a la red de extorsión de la banda terrorista.

Benito ha recordado que esos teléfonos, que habrían aportado mucha información valiosa sobre el caso, ya no podrán ser analizados ya que las compañías telefónicas solo tienen la obligación de guardar los listados de llamadas durante unos pocos años, y los hechos se remontan a 2006.