El Gobierno asturiano se desmarca del andaluz

La consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias, la socialista Esther Díaz, ha dicho este sábado que su Gobierno no contempla la puesta en marcha de una medida similar a la ley andaluza de expropiar a bancos pisos en riesgo de desahucio.

No obstante, ha afirmado que el Principado sí va a actuar ante la problemática de los desahucios, pero con la elaboración de un convenio con las entidades bancarias que se sumará a otras medidas que ya vienen realizándose.

Según ha explicado ese convenio con las entidades financieras radicadas en Asturias contemplará, por un lado, potenciar los sistemas de mediación para facilitar acuerdos y, por otro, activar las viviendas que tengan desocupadas los bancos, que estos pondrían a disposición para que los afectados pudieran ocuparlos a cambio de un alquiler social. Por el momento, está en "contactos" con las entidades.

PRIMER PRONUNCIAMIENTO

Hasta la fecha el Gobierno del Principado aún no se había pronunciado acerca de la iniciativa impulsada por el Gobierno de la Junta de Andalucía, presidida por José Antonio Griñán, y su decreto ley de función social de la vivienda.

Este mismo viernes el Grupo Socialista en el Congreso recogía el texto íntegro de la Junta de Andalucía y lo incluía como enmienda del proyecto de ley Antidesahucios. En Asturias, mientras tanto, IU también lo exigía.

Sin embargo, al ser preguntada sobre las razones de que el Principado no adoptase esa medida, Esther Díaz ha dicho que las situaciones de Andalucía y Asturias son "diferentes" y que cada comunidad autónoma es "libre" para elegir la "herramienta llegar al mismo objetivo: facilitar un techo a las personas".

DESDE NOVIEMBRE

En este sentido, ha recordado que el Gobierno asturiano presentó en noviembre un plan de choque para hacer frente a la situación generada por los desahucios y que supone la articulación de un conjunto de mecanismos "para que ningún asturiano se quede sin techo por causa de los desahucios".

Una de las medidas anunciadas en noviembre era la modificación del decreto 30/2003 que regula la adjudicación de viviendas del Principado de Asturias y que actualmente tiene "muchas limitaciones para que las personas que se encuentran en proceso de desahucio puedan acceder a las viviendas del Principado, porque la concesión directa es "muy rígida".

Esther Díaz ha dicho que el Principado ya tiene un "borrador" relativo a esa modificación legislativa, que prevé la posibilidad de una adjudicación directa por causa de emergencia social y por razones de urgencia.

Sin embargo, la previsión es que la modificación tarde aún dos meses en ser aprobada.

SAREB

La dirigente asturiana ha aprovechado su comparecencia en rueda de prensa para pedir que la Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), aglutina los activos dañados de las entidades, ponga a disposición sus viviendas para este tipo de problemas.

"Sería bueno para todos que de una vez por todas se levante el oscuro manto que lo cubre y nos cuentan qué van a hacer con esas viviendas", ha manifestado, recordando que "hemos pagado el proceso entre todos los españoles".