El Gobierno cambiará la ley para que sean los jueces los que elijan al Consejo del Poder Judicial

El Gobierno reformará la ley para que sean los jueces y los magistrados los que elijan directamente a los miembros del Consejo General del Poder Judicial y volver así a la legislación previa a 1985, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. "En el Consejo General del Poder Judicial tenemos la intención de que los jueces y magistrados nombrados lo sean también por jueces y magistrados", ha explicado Sáenz de Santamaría al final de su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso, confirmando así una medida que el PP ya llevaba en su programa electoral.

Asimismo ha recordado, en su réplica a los grupos parlamentarios, que el Gobierno apuesta por una reforma de los nombramientos en el Tribunal Constitucional, de forma que no estén vinculados a las mayorías parlamentarias en cada caso.

Sáenz de Santamaría, se ha comprometido a acelerar los contactos con los grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo sobre la renovación del Tribunal Constitucional "a la mayor brevedad posible".

Sáenz de Santamaría ha confirmado que se han reiniciado los contactos y ha admitido que la renovación del tribunal es "imprescindible a corto plazo".

También ha reconocido que son urgentes otros nombramientos que se tienen que consensuar en instituciones como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Consejo de RTVE pero que están pendientes desde hace tiempo, lo que "no es ejemplar", y ha asumido la parte de responsabilidad que le toca al PP en este caso.

Al hablar del Tribunal Constitucional, ha subrayado que el reto del Gobierno es que se recupere "por completo" su prestigio, "deteriorado" en los últimos años, y que se devuelva "la centralidad a su primigenia función", la de velar por la constitucionalidad del ordenamiento jurídico.

Ha recordado que la intención del Gobierno es una reforma, que remitirá a las Cortes en una Ley Orgánica, en la que, por un lado, se recupere el recurso previo de inconstitucionalidad de los Estatutos de Autonomía y por otro se redefina el recurso de amparo, "para evitar que convierta en una instancia jurisdiccional más", y para que cumpla su objetivo original de proteger "rápida y efectivamente los derechos fundamentales de los españoles".

Soraya Sáenz de Santamaría ha insistido en que la renovación del Constitucional es imprescindible a corto plazo, lo que no impedirá, ha añadido, que el Gobierno busque "nuevas fórmulas" para el nombramiento de sus miembros, que aporten "una mayor estabilidad" a la institución y que la hagan menos dependiente de las coyunturas parlamentarias.

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL PARA TIPIFICAR LOS DELITOS EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Además la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este martes que el Ejecutivo promoverá una reforma del Código Penal para tipificar como delito "las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos". La vicepresidenta ha anunciado además que antes del verano enviará al Congreso una nueva ley de Transparencia.

Durante su intervención ante la Comisión Constituciónal del Congreso de los Diputados, la primera de un miembro del Gobierno en la X Legislatura, Sáenz de Santamaría ha explicado que, junto a la Ley de Buen Gobierno que el Gobierno quiere presentar otra ley orgánica complementaria para introducir reformas en el Código Penal.

"La mala gestión de los recursos públicos no puede seguir perjudicando únicamente a quien paga, sino que tiene que genera consecuencias a quién malgasta", ha defendido la número dos del Gobierno. En concreto, ha explicado que a la hora de tipificar los nuevos delitos se tendrán en cuenta "criterios de intencionalidad, grave negligencia en el ejercicio de sus funciones, quebranto a la Hacienda Pública o claro perjuicio de los servicios que financia".

Por lo que se refiere a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, Sáenz de Santamaría ha anunciado que será remitida al Congreso de los Diputados "en este periodo de sesiones". En ella, entre otras cosas, se pretende "elevar a rango de ley los valores que deben regir las tareas de Gobierno".

La portavoz del Gobierno ha explicado que con esta ley y con otra serie de herramientas con las que se pretende "hacer de la transparencia una ley de referencia" en el ordenamiento jurídico", el Gobierno quiere demostrar que va a ser "un Gobierno abierto".

La vicepresidenta ha corroborado que el Gobierno reducirá el número de organismos públicos antes de que acabe el año, y siempre en coordinación con las comunidades autónomas y las entidades locales. De hecho, en febrero, el Consejo de Ministros estudiará un informe sobre la reestructuración del tejido empresarial público y las comunidades autónomas, tras informar al Ejecutivo central de cómo quiere proceder a esta revisión, se pondrán manos a la obra.

En los organismos públicos que queden, además, Vicepresidencia establecerá que haya menos miembros en los consejos de administración y una homologación de las retribuciones de los directivos.

Entre las medidas de austeridad, el Gobierno controlará "estrictamente" el uso de los aviones oficiales para los viajes de los ministros y establecerá una reducción del gasto en alquileres para sedes de instituciones del Estado. Para la vicepresidenta, es perentoria más eficiencia y menos gasto en el uso de los recursos de la Administración. "¿Tiene sentido que haya patrimonio inmobiliario público infrautilizado y al mismo tiempo se estén gastando grandes cantidades en alquileres?". La vicepresidenta ha respondido con estas palabras: "No parece razonable" reconocía Sáenz de Santamaría.

Con todo, Sáenz de Santamaría ha hecho hincapié en lo apremiante de una nueva Ley de Transparencia que deje atrás "instituciones opacas". La norma, entre sus objetivos, permitirá a los ciudadanos conocer cuánto cobran los altos cargos, cuántos funcionarios trabajan en un determinado Ministerio o cuánto cuestan las cumbres internacionales en las que participe España. Toda esa información se canalizará y se administrará desde un nuevo Portal Digital de la Transparencia, que funcionará como "una ventanilla" al ciudadano y cuyo acceso sólo quedará limitado por interés de la seguridad nacional y de la protección de datos.

AUDITORÍA A RTVE Y SUPRESIÓN DEL CONSEJO DE MEDIOS

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso, ha anunciado asimismo que el Gobierno encargará una auditoría completa de las cuentas de RTVE y suprimirá el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales previsto en la Ley General Audiovisual y que aún no se ha puesto en marcha. Dicho consejo, ha dicho "ni es conveniente ni es necesario", y sus funciones de protección del espectador pueden ser "perfectamente asumidas por otros organismos reguladores que ya existen", y "sin necesidad de gastar 6,5 millones de euros en crear uno nuevo".

En su intervención, la "número dos" del Ejecutivo ha anunciado que este miércoles se reunirá con los actuales miembros del Consejo de Administración de RTVE para analizar el ajuste presupuestario que aprobó el segundo Consejo de Ministros de Mariano Rajoy, y que plantea una reducción de 200 millones en la aportación del Estado. Este compromiso de reducción presupuestaria, en su opinión, "debe ser un buen momento" para mejorar la eficiencia en la gestión de la radio y la televisión públicas.

"Debemos revisar el modelo de RTVE que queremos y que nos podemos permitir", ha señalado Sáenz de Santamaría, quien ha explicado que el Gobierno tiene intención de analizar en profundidad el uso de los recursos de la corporación e impulsar la reducción de sus costes de explotación. Y por eso, ha anunciado, se encargará una auditoría completa de las cuentas de RTVE y se determinarán los ámbitos en los que es posible una mayor eficiencia.