El Gobierno hará cumplir la ley ante una consulta que Mas prevé no vinculante

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha dejado hoy claro, en relación a la declaración de soberanía aprobada ayer por el Parlamento catalán, que el Gobierno "va a cumplir y va a hacer cumplir la ley". Además, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha recordado que aprobar resoluciones que no están en el espíritu constitucional, en alusión a la declaración de soberanía del parlamento catalán, "no sirve para nada", y ha insistido en que el Gobierno aplicará siempre la ley.

La declaración otorga a Cataluña carácter de "sujeto político y jurídico soberano", apoyada por el 63 por ciento de los diputados de la Cámara. Esa iniciativa contó con 85 votos a favor de CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP -uno de sus tres diputados-, y el rechazo, con matices entre los grupos, de 41 diputados del PSC, PPC y Ciutadans.

Según el titular de Interior, "no hace falta decirlo más alto ni repetirlo. Se tomarán las medidas necesarias para cumplir y hacer cumplir la ley" una vez estudiada la resolución, ha concluido Fernández Díaz.

El expresidente del Congreso de los Diputados José Bono señaló que el texto de independencia aprobado ayer, miércoles, en el Parlamento Catalán es "claramente contrario a la Constitución", y agregó que el Gobierno "debe impedir" que cualquier "golpe" a esta norma "triunfe". "Tengo la esperanza de que el Gobierno de España cumpla con el juramento que hizo cuando tomó posesión, que era cumplir y hacer cumplir la ley".

Por el contrario, el presidente de Unió Democrática de Cataluña (UDC), Josep Antoni Duran i Lleida, reclamaba hoy que la declaración sobre el derecho a decidir aprobada ayer por el Parlamento catalán "debe ser respetada". "Es una declaración política que creo que debe respetar todo el mundo, porque emana de un 70% de los diputados de la Cámara de Cataluña".

La mayoría de las comunidades autónomas se ha mostrado muy críticas con la declaración de soberanía aprobada en el Parlamento catalán y el plan independentista, a excepción de los Gobiernos del País Vasco y Canarias, que se han limitado a expresar su respeto institucional. El consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, ha considerado hoy un "brindis al sol" la declaración de soberanía aprobada por el Parlamento catalán, si bien ha advertido de las "consecuencias políticas" que podría provocar en el futuro.

La presidenta del PP Catalán, Alícia Sánchez-Camacho, considera que la legislatura catalana "tiene los días contados". Después de que el Parlament aprobase ayer una declaración de soberanía, el presidente catalán, Artur Mas, "ha iniciado un camino sin retorno y un camino hacia la nada", aseguraba la diputada. "Cataluña no tendrá una consulta ilegal porque no lo permite la ley; la única consulta posible es la que le corresponde a todos los españoles y que está contemplada en la Constitución que nos hemos dotado todos", ha concluido.La mayoría de las comunidades autónomas se ha mostrado hoy muy crítica con la declaración de soberanía aprobada en el Parlamento catalán y el plan independentista, a excepción de los Gobiernos del País Vasco y Canarias, que se han limitado a expresar su respeto institucional

El coordinador general de IU, Cayo Lara, sostenía que su formación no va a "defender nunca un troceo del Estado español" y sí el "derecho a decidir democráticamente del conjunto del país", a la vez que el "derecho a decidir en Cataluña". "No vamos a defender nunca un troceo del Estado español y todo se tiene que resolver en aras a la negociación y el acuerdo político", ha afirmado. Todo ello después de que ayer, ICV-EUiA, la formación de la coalición de izquierdas en Cataluña apoyara en el Parlamento catalán el inicio del proceso para hacer efectivo el "derecho a decidir" sobre la soberanía de Cataluña.

UNA CONSULTA NO VINCULANTE CON VOTO A PARTIR DE 16 AÑOS

Desde Cataluña, el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, ha planteado abiertamente que la consulta catalana para ejercer el derecho a decidir no será jurídicamente vinculante y en la que se pueda votar a partir de los 16 años con un censo nuevo. "Nadie impugnará, y si lo hiciera, no tiene ningún recorrido. Entre otras funciones, el Parlament está habilitado para aprobar leyes y fijar posicionamientos políticos y textos como el de ayer".

En declaraciones a Rac1 sostenía que "la consulta no sería jurídicamente vinculante. El carácter vinculante desde un punto de vista político es escuchar la voz del pueblo", ha añadido Homs, que ha apuntado que la "fase final" de la elaboración de la ley de consultas "definirá si hay margen para fijar la posición para votar a partir de los 16 años y permitir que el Tribunal Cosntitucional establezca claramente qué es competencia del Estado, como el censo electoral", pues queda por desarrollar del Estatut para "no calcar el censo electoral".

El conseller no ha tenido reparos en criticar también al PSC, que ayer se dividió en la votación de la declaración, y ha asegurado que su opinión es que"ahora son más PSOE que PSC... nos explican que hay que apostar por Carme Chacón y la agenda catalana les molesta, piensan que es lo que les conviene más".

Por cierto, que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha revelado hoy que se ha reunido esta semana con el exconseller del PSC Ernest Maragall, que lidera el nuevo partido Nova Esquerra Catalana -Nueva Izquierda Catalana-, para analizar las dinámicas de los partidos en el actual contexto político.

En una conversación informal con periodistas en los pasillos del Parlament, Mas ha explicado que en la reunión con Maragall abordaron cómo los partidos pueden superar sus propias dinámicas y actuar "con sentido de país" en el actual contexto político, marcado en Cataluña por el proceso para ejercer el derecho a decidir.

Maragall, que se apartó del PSC tras una última legislatura marcada por sus sonoras discrepancias con la actual dirección, constituyó en diciembre pasado su propio partido, que se define como catalanista y es partidario del derecho a la autodeterminación de Cataluña.

La reunión entre Mas y Maragall se produce en una semana crítica para el PSC por la división interna por los postulados soberanistas que se escenificó ayer en el Parlament, cuando 5 de los 20 diputados del grupo no siguieron las directrices del partido en la votación de la declaración de soberanía.

LOS DIPUTADOS CRITICOS DEL PSC NO TEMEN SANCIONES

Los diputados socialistas Joan Ignasi Elena y Àngel Ros, dos de los cinco que ayer se desmarcaron en el Parlament de la disciplina de voto de la dirección del PSC, han descartado abandonar el partido y no temen las sanciones que pueda decidir su formación.

"No temo represalias", ha afirmado hoy Elena, en declaraciones a los medios al llegar al pleno del Parlament, que hoy ha reanudado la sesión.

De los 20 diputados socialistas, cinco -Àngel Ros, Marina Geli, Joan Ignasi Elena, Rocío Martínez-Sampere y Núria Ventura- rompieron la disciplina de su partido al no votar la declaración de soberanía propuesta por CiU, ERC, ICV-EUiA, cuando la dirección socialista había marcado votar en contra.

"No es un concurso para ver quién es más valiente", sino una muestra de que el partido es "plural", ha dicho Elena.

Por su parte, el alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha asegurado que tampoco abandonará la formación y ha afirmado que entendería que hubieran medidas disciplinarias por romper la disciplina de voto, aunque ha remarcado que le corresponde a la ejecutiva del partido tomar la decisión. Ros ha recalcado que el diputado se debe "al elector, a su conciencia y al partido", y que debe "armonizar las tres fidelidades y no solo una".

A la espera de las reuniones de la ejecutiva y el grupo parlamentario del PSC, fuentes de la dirección de este partido han puntualizado que el reglamento disciplinario no recoge específicamente "no votar" como un gesto opuesto al acordado, lo que en este caso hubiera sido votar a favor de la declaración.

En todo caso, la dirección del partido que lidera Pere Navarro no tiene prisa en tomar medidas sobre una cuestión que puede abrir una brecha importante en el seno de la formación.

De hecho, la controversia interna se ha extendido a otros ámbitos institucionales y los diputados provinciales del PSC en la Diputación de Lleida no han querido hoy votar en contra de una moción de apoyo a la declaración de soberanía.

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha reconocido que hay alguna discrepancia "no menor" con el PSC, aunque ha destacado que las relaciones entre ambos partidos son "muy sólidas" y que "seguirán trabajando juntos" porque les unen más cosas que las que les puedan separar.