El Gobierno ha decidido no renovar la autorización necesaria para que la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que no está en funcionamiento desde hace cinco años, pueda volver a operar, por lo que será cerrada, ha anunciado hoy el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal. El Ejecutivo ha tomado esta decisión por el escaso impacto de la central en el sistema eléctrico español, ya que tiene una potencia de tan solo 400 megavatios, y porque no existe certidumbre política ni económica para que puedan amortizarse las inversiones necesarias, dada la oposición de la mayoría de los grupos parlamentarios.
La Orden Ministerial por la que se denegará la renovación de la autorización se firmará "inmediatamente", ha explicado Nadal.
El titular de Energía ha recordado que se trata de una central antigua -de primera generación-, de las que ya no quedan muchas en Europa y cuya aportación al sistema eléctrico español es reducida, por lo que su cierre tendrá un impacto "nulo" en la seguridad del suministro y en el precio de la electricidad.
De hecho, ha recordado el ministro, la central está parada desde 2012 por decisión de las empresas propietarias, Endesa e Iberdrola. Según Nadal, la decisión de no renovar la autorización se ha tomado "viendo el contexto de clara oposición política" y teniendo en cuenta que las empresas han querido utilizar este tema como "elemento de presión" para cambiar la regulación.
El ministro ha dicho que las empresas decidieron cerrar la planta en 2012, un año antes de agotarse la autorización anterior, como reacción a la creación de una tasa nuclear.
En este sentido, Nadal ha recalcado que la tasa "se queda como está". El titular de Energía ha lamentado que no haya existido un "debate sosegado" en el ámbito político sobre el futuro de Garoña y ha subrayado que cualquier central nuclear "necesita certidumbre económica y también política y social" para poder amortizar las inversiones.
En este sentido, ha recordado la Proposición de Ley planteada por el PSOE para cerrar Garoña, que tenía el apoyo del resto de los grupos parlamentarios, excepto el PP. El ministro ha dejado claro que esta decisión no se puede extrapolar al resto de las centrales nucleares.Nadal ha avanzado que su departamento ha mantenido reuniones con la Junta de Castilla y León para poner en marcha un plan de reactivación que compense el cierre de Garoña. El ministro ha explicado que el cierre de la planta se prolongará entre trece y dieciséis años.
ANTECEDENTES
La decisión del Gobierno se ha tomado seis meses después de que el pasado 8 de febrero el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera un informe favorable --con el voto en contra de la entonces consejera Cristina Narbona-- a la renovación de la autorización de explotación sin una fecha determinada.
Este informe establecía un conjunto de 10 condiciones, 15 instrucciones técnicas complementarias y un programa de pruebas de arranque en el que se verificaría el cumplimiento de todo ello, antes de que la central pudiera, en caso del permiso del Gobierno, volver a cargar combustible.
Una vez emitido el informe favorable la pelota estaba en el tejado del Gobierno, ya que las empresas propietarias de Nuclenor, Iberdrola y Endesa, mantuvieron una reunión el 26 de abril de 2017 en la que no llegaron a un acuerdo sobre la propuesta de la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán para desistir de seguir adelante con la solicitud que formularon en 2014 para poner de nuevo en marcha el reactor burgalés hasta 2031.
De ese modo, Garoña se convertiría en la primera central nuclear en llegar hasta los 60 años de operación y abriría el camino al resto de centrales españolas, que se van acercando progresivamente hasta los 40 años de vida útil, en pleno proceso del Gobierno por definir el modelo energético del futuro.
No obstante, la planta, que contaba con permiso de explotación hasta el 6 de julio de 2013, dejó de producir electricidad ocho meses antes, en diciembre de 2012, a consecuencia de un nuevo impuesto sobre el combustible que estableció el Gobierno y que Nuclenor estimó que le supondría un coste inasumible.
Así, el plazo para que Nuclenor pudiera solicitar su renovación expiró y, ante la apuesta del Gobierno por que la planta pudiera seguir adelante, meses después, en enero de 2014, el Ejecutivo aprobó una modificación normativa por la que una central que no hubiera cerrado por motivos relacionados con la seguridad nuclear ni la protección física, es decir por causas económicas, tendría un plazo añadido de un año para replantearse la decisión y pedir una nueva autorización.
Con esta modificación, el titular presentó el 27 de mayo de 2014, una solicitud hasta el 2 de marzo de 2031, cuando cumpliría 60 años de operación, de acuerdo con la "práctica regulatoria existente en Estados Unidos" y porque consideraba que un marco temporal de explotación de "estas características es necesario para hacer viable el proyecto y proporcionaría la estabilidad y certidumbre adecuada para acometer las inversiones precisas".
Desde entonces, Nuclenor ha invertido en mantener la planta en una situación de reversibilidad unos 358 millones de euros y estos costes estarían en el centro de la discusión entre los accionistas de Garoña.
El 11 de julio, el Gobierno abrió un plazo de diez días para que once interesados presentasen alegaciones al proceso. De estos, presentaron alegaciones favorables a la continuidad la Junta de Castilla y León y la Asociación de Municipios de Areas Nucleares (AMAC) y contrarias a esa decisión las ONG Greenpeace, Ecologistas en Acción y las comunidades autónomas de País Vasco y Navarra.
HISTORIA
La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) es la más antigua de España --después del cierre en 2006 de José Cabrera (Guadalajara)--, fue inaugurada en 1970 y terminó su actividad el 16 de diciembre de 2012, después de haber operado 42 años y medio.
En 2009, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitió un informe favorable por unanimidad a que la planta operase por 10 años más, hasta 2019. Si bien, el Gobierno autorizó su renovación hasta el 6 de julio de 2013.
INQUIETUD ENTRE LOS 400 TRABAJADORES VINCULADOS A LA CENTRAL DE GAROÑA
Los trabajadores de la central nuclear de Santa María de Garoña en Burgos -unos 400 entre puestos de trabajo directos e indirectos- se encuentran inquietos ante el futuro cierre definitivo de la central, según ha explicado Samuel Númez, miembro del comité de empresa. De momento, la dirección de Nuclenor, participada por Endesa e Iberdrola y propietaria de la planta, aún no se ha puesto en contacto con los representantes de los trabajadores ni ha emitido ningún tipo de comunicado.
El comité de empresa comenzará a trabajar de inmediato para que el futuro de los trabajadores sea el mejor posible, según Núñez, quien ha recordado que el planteamiento de la empresa de cara al proceso de desmantelamiento puede ser "una de las claves" para ese futuro.
Actualmente en la planta de Garoña trabajan unos 400 personas, casi la mitad de ellas pertenecen a empresas subcontratadas después de que la planta haya prescindido en los últimos años de unos 60 empleados que se han jubilado y otros 200 trabajadores de las subcontratas.
