El Gobierno derogará la reforma sanitaria para devolver la sanidad universal

El Gobierno va a aprobar en seis semanas un real decreto para recuperar la universalidad en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y eliminar así el Real Decreto 16/2012, aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que "suprimió" dicha universalidad, según ha informado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Vamos a devolver el derecho a la salud a todas las personas. Tenemos que actuar con otro real decreto para proceder a la eliminación del Real Decreto 16/2012 y devolver a todas las personas su derecho a la protección a la salud", ha aseverado la también ministra de Educación y Formación Profesional.

El plazo marcado por el Gobierno de Pedro Sánchez para devolver la universalidad al SNS son de seis semanas para llevar el nuevo real decreto al Consejo de Ministros y 30 días para su convalidación en el Congreso de los Diputados. Se trata de una medida que los socialistas han reclamado desde que se aprobara el Real Decreto 16/2012 y que, tal y como ha recordado la portavoz del Ejecutivo socialista, ha sido solicitada por organismos internacionales como, por ejemplo, la ONU, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unión Europea e, incluso, el Defensor del Pueblo.

El Real Decreto 16/2012 se aprobó durante el mandato de Ana Mato al frente del Ministerio de Sanidad y originó un importante rechazo entre diferentes sectores de la sociedad al retirar de la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, excepto en los servicios de Urgencias y a embarazadas y menores de edad.

Asimismo, el real decreto contemplaba otras medidas como, por ejemplo, el copago de medicamentos en función de la renta de cada ciudadano y fijó nuevas condiciones de uso para ser titular de una tarjeta sanitaria.

Diferentes comunidades autónomas, como por ejemplo la Comunidad Valenciana, cuya Consejería de Sanidad ostentaba la actual ministra del ramo, Carmen Montón, aprobaron diversas medidas para atender en la sanidad pública a "todas" las personas, con independencia de su situación administrativa. "Todas las comunidades están actuando para solucionar los problemas que este real decreto han planteado, excepto Ceuta y Melilla, y con el nuevo real decreto, que va a tardar en venir, vamos a un procedimiento regulado para devolver el derecho a la salud a todas las personas", ha señalado Celaá, para asegurar que la medida se ha adoptado por "decencia política".

Por ello, la portavoz del Gobierno ha asegurado que no habrá "ninguna comunidad autónoma" que vaya a incumplir el real decreto que va a elaborar el actual Gobierno porque, tal y como ha señalado, incluso autonomías que seguían sin atender a los inmigrantes se sentían "muy incómodas" con la situación, por lo que "seguro" que cumplirán con la normativa de los socialistas "en todos sus términos".

EL ESTADO RENUEVA EL PRÉSTAMO DE 10.192 MILLONES PARA PENSIONES DE 2017

El Consejo de Ministros ha acordado renovar el préstamo del Tesoro Público a la Tesorería General de la Seguridad Social por 10.192 millones de euros, contemplado en los presupuestos prorrogados de 2017, para afrontar la paga extra de verano que los pensionistas empezarán a cobrar la próxima semana.

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo que de ese préstamo se librarán 7.500 millones para poder completar el doble pago de la nómina de este mes. En total, la Seguridad Social deberá desembolsar 17.727 millones para el pago de 9,6 millones de pensiones, de los que algo más de 10.000 millones procederán de los ingresos por cotizaciones sociales del organismo.

De esta forma, para la paga extra de verano no se recurre al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que se ha venido usando en anteriores ocasiones y en el que quedan poco más de 8.000 millones.

El Gobierno ha renovado el préstamo que estaba contemplado en los presupuestos de 2017, ya que todavía están pendientes de aprobación definitiva los presupuestos de 2018, que incluyen un préstamo de 15.164 millones para garantizar el pago de las pensiones.