El Gobierno frena la expulsión de los agentes y el fiscal investiga si es delito

La Fiscalía ha abierto diligencias para averiguar si la expulsión de policías y guardias civiles de los hoteles de Calella y Pineda de Mar (Barcelona) constituye un delito de odio, en tanto que el Gobierno ha ordenado a los agentes que no abandonen ningún establecimiento hotelero siempre que haya contrato en vigor.

El Ejecutivo y el Ministerio Público han reaccionado ante el "acoso" que están sufriendo los agentes destinados en Cataluña tras las cargas policiales del 1-O, en concreto contra la decisión de los hoteles de esas dos localidades de forzar su salida y contra la posible implicación de los "responsables municipales" en esa decisión.

Unas decisiones que investigará la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación de Barcelona por si fueran constitutivas de delitos de amenazas, coacciones y contra los derechos fundamentales y libertades públicas "cometido por la pertenencia de los afectados a la nación española".

Además, una cincuentena de guardias civiles alojados en el Hotel Bruc Restaurant, ubicado junto a la autovía A2 y el macizo de Montserrat, ha abandonado el establecimiento conminados por la dirección, que les ha reprochado la actuación de las fuerzas de seguridad el pasado domingo.

Hoy, los policías y guardias que actuaron el 1-O han recibido el aval de la Fiscalía, que se ha opuesto a una denuncia de la Generalitat al considerar que su actuación para impedir el referéndum suspendido por el TC no afectó "en absoluto a la normal convivencia ciudadana", porque los agentes actuaron en "legítima defensa".

No obstante, se mantiene una multitudinaria protesta ante la Jefatura Superior de Policía de Barcelona y, desde el domingo, centenares de personas se manifiestan frente a los hoteles donde se alojan parte de los policías y guardias desplazados a Cataluña con intención de que se les expulse.

Algo que ocurrió ayer en Calella y que podría pasar en Pineda de Mar, donde esta mañana se ha conocido un escrito del gerente de los hoteles Checkin en el que asegura que se ha visto obligado a desalojar a los policías, bajo la amenaza del Ayuntamiento -gobernado por el PSC- de cerrar los establecimientos durante cinco años.

Horas después, el Ayuntamiento y la cadena hotelera han negado en un comunicado conjunto esas presiones para expulsar a los policías y el consistorio ha precisado que se ha limitado a plantear a la Delegación del Gobierno si los agentes podían adelantar unos días su salida de los hoteles, prevista para el 5 de octubre.

La cuestión es que ayer se les indicó que debían abandonar los hoteles a las 16.00 horas de hoy, pero los policías siguen en los establecimientos de Pineda de Mar, donde permanecen congregadas centenares de personas para exigir que abandonen la localidad.

Todo ello por orden del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, quien esta mañana ha citado de urgencia a la cúpula de Interior y posteriormente se ha reunido con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Zoido, que ha prorrogado hasta el día 11 la estancia de los barcos para alojar policías en Cataluña, ha señalado directamente al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, como inductor del acoso y del "odio" que sufren los agentes.

Entre tanto, los policías han decidido concentrarse en distintos lugares de España para reclamar seguridad para los afectados y quejarse de la desatención que padecen. Sus representantes sindicales, igual que las asociaciones de la Guardia Civil, han reclamado medidas urgentes a Interior.

"En 25 años de servicio, jamás había ocurrido algo así", ha relatado uno de los afectados. "Nunca hubiéramos imaginado este odio" y "las instituciones nos han abandonado" son las frases recabadas por Efe que reflejan el sentimiento de los agentes.

Más duros aún han sido en sus comunicados, en los que comparan la situación actual en Cataluña con la de País Vasco de 1981 (Unión de Oficiales de la Guardia Civil) o con la Alemania nazi (Unión de Guardias Civiles).

También crece el enfrentamiento de policías y guardias civiles con los Mossos por el papel que unos y otros desempeñaron el domingo.

La AUGC, asociación mayoritaria en el cuerpo, ha denunciado a la Policía autonómica por incumplir las resoluciones judiciales y el mandato que tenían encomendado.

Pero la cúpula de los Mossos d'Esquadra ha comunicado a sus agentes que se siente "orgullosa" de su labor en el 1-O, porque "sobresalieron" al ejecutar sus órdenes con "prudencia", y ha lamentado que la Policía Nacional y la Guardia Civil se saltaran los órganos de coordinación y actuaran "unilateralmente".

Lo ocurrido el domingo será investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha requerido a Diego Pérez de los Cobos, cargo del Ministerio de Interior que comandaba el dispositivo para impedir el 1-O, un informe sobre su "plan de coordinación", detallando el cometido de cada cuerpo policial, y sobre los "incidentes" ocurridos.

Y la actuación policial será analizada además en el Congreso de los Diputados, pues el PSOE quiere reprobar a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por la gestión del dispositivo.

No obstante, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, han coincidido en mostrar su apoyo hoy a los agentes ante el "intolerable" acoso que sufren.