El Gobierno insiste en que la consulta soberanista no es posible y promete firmeza

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha lamentado este viernes que es "imposible dialogar" en estos momentos con la Generalitat de Cataluña mientras el Ejecutivo autonómico de Artur Mas siga tomando "decisiones unilaterales, una detrás de otra, sin comunicarlas a nadie y sin pretender llegar a entendimientos".

"Lo que yo veo desde aquí es un continuo proceso de toma de decisiones unilaterales. Así es imposible dialogar", ha asegurado en rueda de prensa conjunta con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, con quien se ha reunido en La Moncloa.

Asimismo, Rajoy ha asegurado que su posición sobre Cataluña sigue siendo la misma y ha defendido que "la soberanía la tiene el conjunto del pueblo español y solo el conjunto del pueblo español puede disponer de ella".

Durao Barroso ha recalcado asimismo que la eventual separación de una parte de un Estado miembro de la UE tendría consecuencias desde el punto de vista de los tratados comunitarios y se convertiría en "un país tercero". "Esto es claro, para que no haya dudas", ha recalcado. El presidente de la Comisión Europea no ha querido "entrar en el debate" político sobre esta cuestión que, ha subrayado, es "un asunto interno de España".

"No estamos aquí para especular", ha indicado Rajoy al ser preguntado también por Escocia, aunque el jefe del Ejecutivo se ha referido al informe del Gobierno británico que recalca que si se declarara independiente, este territorio quedaría fuera de la UE y de las Naciones Unidas.

"Quedaría fuera de todos los tratados internacionales de los que forme parte con motivo de su pertenencia al Reino Unido. En el caso de que la moneda fuera el euro, que no lo es, quedaría fuera del euro, por tanto, quedaría sin el amparo del BCE, lo único que eso generaría es un proceso de empobrecimiento de incalculables proporciones para todas las personas que vivieran en esas regiones que tomasen esas decisiones", ha subrayado. "Eso es información, no opinión", ha apostillado el presidente del Gobierno, quien ha añadido que no entraría "en más detalles" para no "contribuir a generar más tensión".

SÁENZ DE SANTAMARÍA: LA CONSULTA NO ES POSIBLE Y NO PUEDE CELEBRARSE

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha insistido en que la consulta soberanista catalana es "contraria a la Constitución" y por tanto "no es posible y no puede celebrarse", y ha prometido que el Ejecutivo será "firme" defendiendo la Carta Magna.

Y también será "firme" el Ejecutivo "en la defensa de los derechos de todos los catalanes, que tienen derecho a disfrutar de la recuperación económica y a disfrutar de un empleo" y a que no se fomente el "enfrentamiento y la división social", ha añadido Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Un día después de que el Parlamento de Cataluña aprobase una propuesta para pedir al Congreso la transferencia de competencias para la consulta soberanista, la vicepresidenta ha insistido en que la posición del Gobierno es "clara y no ha cambiado", ya que "no es transferible" ni "delegable a nadie" la soberanía nacional, cuyo titular es "el pueblo español".

"Tenemos bien claro que con el arreglo a nuestras normas esa consulta de autodeterminación no es posible y no puede celebrarse", ha añadido.

RECIBIDA EN EL CONGRESO

El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha recibido este viernes la propuesta aprobada ayer por el Parlamento de Cataluña en la que solicita la delegación de la competencia para convocar referendos.

Nada más aprobarse ayer la iniciativa, la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, envió el texto al Congreso en dos versiones redactadas en catalán y castellano, junto a una carta de presentación dirigida a Posada. En el escrito, la presidenta del Parlamento de Cataluña comunica a su homólogo del Congreso que "en una próxima sesión plenaria" se elegirá a los diputados que, en nombre del Parlament, tendrán que defender la proposición no de ley en el Congreso de los Diputados.

No obstante, y dado que las iniciativas legislativas de los Parlamentos autonómicos sólo se elevan al pleno del Congreso en la primera sesión de cada mes y ya hay iniciativas pendientes, la propuesta catalana no llegaría al pleno hasta septiembre.

Para evitar ese retraso, las tres formaciones del Congreso que apoyan la consulta -CiU, ICV y ERC- presentarán la semana que viene una proposición de ley en los mismos términos que la propuesta del Parlamento de Cataluña, iniciativa que, según los plazos previstos, podría votarse en el pleno a finales del mes de marzo, o principios de abril.

Según el artículo 126 del Reglamento del Congreso, esa proposición de ley deberá pasar primero el filtro de la Mesa de la Cámara que, de no poner objeciones, la remitirá al Gobierno para que se pronuncie sobre la misma. El Ejecutivo tiene treinta días para mostrar su conformidad o no con la proposición, en el caso de que ésta implique "aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios".

Transcurridos treinta días sin que el Gobierno se haya opuesto expresamente a su tramitación, la proposición quedará en condiciones de elevarse al pleno lo que, según el cupo de iniciativas del que dispone CiU, se producirá a finales de marzo, o principios de abril.

Todo parece indicar que la consulta independentista será rechazada por cerca de un 90 por ciento del Congreso: los 185 diputados del PP, los 110 del PSOE -a expensas de lo que puedan hacer los diputados del PSC- y los cinco de UPyD, a los que habría que sumar los diputados no nacionalistas del Grupo Mixto.

En el improbable caso de que el pleno de la Cámara diera luz verde a su toma en consideración, la proposición de ley continuaría con normalidad su tramitación parlamentaria y podría estar definitivamente aprobada antes de la fecha señalada para el referendo soberanista, el próximo 9 de noviembre.